Las empresas se enfrentan a expectativas cada vez más complejas por parte de las autoridades fiscales, ante un marco legal cambiante y exigente.
Nuevas iniciativas de transparencia, de intercambio internacional de información fiscal, de documentación y una creciente atención de los medios conllevan un mayor escrutinio de los asuntos fiscales.
La fiscalidad emerge como un riesgo reputacional para la empresa, además de financiero, cada vez más presente en la agenda del Consejo.
La mayor presión de cumplimiento sobre el área fiscal y sus políticas y procedimientos pone a prueba su eficiencia (ciclos de cierre más cortos, escasez de talento, gestión de costes, etc.) y la capacidad de control sobre los impuestos que afectan al negocio.
Si se quiere evitar una intervención significativa de Hacienda, la documentación fiscal debe ser precisa y se recomienda dotarse de un marco sólido de gobernanza del riesgo fiscal.
La gestión de los riesgos fiscales pide una experiencia más amplia que el mero conocimiento técnico fiscal, ya de por sí riguroso, y alcanza a personas, procesos y sistemas. En definitiva, un marco de control del riesgo fiscal, integrado en una Política Fiscal comprometida con los objetivos del negocio, evita daños económicos y genera valor en la empresa.