Hoy, 16 de septiembre, la OCDE presenta la primera fase de su plan destinado a atajar la planificación fiscal agresiva de empresas multinacionales que emplean la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios a países con una baja carga fiscal (BEPS, en sus siglas en inglés) para reducir el coste de sus impuestos de sociedades.
En España el porcentaje de directivos a favor de las reformas en el sistema fiscal internacional, supera significativamente la media europea. Así un 93% aboga por una mayor transparencia, un 92% por la actualización de las normas y un 89% por la armonización global de los tipos impositivos a las empresas. Los directivos españoles están también entre los más convencidos de la necesidad de regular los paraísos fiscales con un 83% a favor frente a la media europea del 56% y la global del 40%. Sin embargo, están también entre los más escépticos ante la posibilidad de que se produzca el consenso global necesario para que se materialicen dichos cambios: sólo un 5% lo ve posible.
Las compañías latinoamericanas (92%) y las europeas (76%) son las que están más convencidas de que los sistemas fiscales globales deben mejorarse incorporando más transparencia sobre lo que es aceptable o no. Les siguen las norteamericanas (65%) y las de la región de Asia Pacífico (44%). El orden se repite en cuanto a la necesidad de adaptar la legislación fiscal a la economía digital con un 92% a favor en Latinoamérica, un 68% en Europa, un 65% en Norteamérica y un 39% en Asia-Pacífico. La mayoría en Latinoamérica (87%), Europa (64%) y Norteamérica (62%) aboga además por laarmonización global de las tasas del impuesto de sociedades.
En opinión de Eduardo Cosmen, socio de Fiscal de Grant Thornton, “las empresas se deben a sus accionistas y tienen que compatibilizar el cumplimiento riguroso de la ley con el mantenimiento de sus costes, incluidos los fiscales, bajo control. El hecho de que existan lagunas o asimetrías en los sistemas tributarios que son utilizadas por algunas multinacionales pone de manifiesto que la claridad y la armonización es una tarea aún pendiente, cuya responsabilidad atañe en última instancia a los estados y a sus relaciones multilaterales. Pero en la actualidad existe una fuerte competencia por atraer a las grandes empresas globales que dificulta un consenso entre países que luchan por proteger su soberanía y sus intereses. Es cierto que el Plan BEPS comienza a abrirse paso pero, aunque incorpora iniciativas positivas, el camino hasta conseguir sus objetivos será largo”.
La mayoría, un 82%, de los líderes empresariales en todo el mundo considera las políticas y el riesgo fiscal como una prioridad para su negocio. Sin embargo, sólo un 44% cree que las acciones de la OCDE y el G20 en este sentido ayudarán al crecimiento de sus empresas y tan sólo el 23% cree que se conseguirá el consenso global necesario para implementar los cambios.
“Las empresas, incluidas las multinacionales, preferirían operar en un marco regulatorio fiscal internacional más claro y armonizado, sobre todo teniendo en cuenta que los desarrollos en este campo parecen sujetos a un movimiento pendular que provoca incertidumbre e inseguridad. BEPS podría ser una buena oportunidad para construir un conjunto fijado de reglas y principios adaptados a las nuevas realidades de la economía digital”, concluye Cosmen.