Nueva práctica jurídica en Grant Thornton para asesorar a empresas y administraciones en contratación pública, urbanismo y regulación ambiental.
Liderará de forma conjunta todos los servicios jurídicos, fiscales y legales de la Firma a nivel nacional
El Consejo de la UE aprueba simplificar el reporting de sostenibilidad, elevando a 1.000 empleados y 450M€ los umbrales para informar bajo la CSRD.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que tiene gran relevancia para los trabajos de auditoría y de administradores concursales en estos momentos.
Nadie sabe exactamente cuánto va a durar la pandemia, por lo que la liquidez necesaria para la continuidad del negocio puede variar. La única certeza es que la situación evolucionará constantemente.
Nuestras Socias Aurora Sanz y Mar García Ramos han analizado en un webinar organizado junto a la Cámara de Comercio de Madrid los principales atributos que deben de tener los directivos de dentro de 10 años. Los datos están extraídos de nuestro nuevo informe "El liderazgo en 2030: así será el directivo del futuro".
La crisis global provocada por el COVID-19 ha tenido un impacto muy profundo en el mercado Laboral. Cuando la emergencia sanitaria se haya superado, las empresas y trabajadores deberán ajustar su actividad y perfiles a un nuevo paradigma. Luis Conde, Socio fundador de Seeliger y Conde, analiza en este webinar organizado por Círculo Ecuestre la situación actual y principales retos del mercado laboral y el #headhunting en España. Nuestra socia Aurora Sanz presenta y conduce la sesión.
Novedades BOE - Mayo de 2020
En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19, este 5 de mayo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya entrada en vigor se produce el 7 de mayo de 2020.
A pesar de la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19 y el impacto en la economía que ha tenido y que se espera que siga tenindo, la Generalitat de Catalunya ha seguido su plan de subida de impuestos y el pasado jueves, 30 de abril, se publicó en el Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya la Ley 5/2020, de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente.
Actualmente, nos encontramos ante un momento clave y decisivo para frenar el número de contagios por la Covid-19, al mismo tiempo que se están implementado distintas fases de desconfinamiento y regresando paulatinamente a la actividad empresarial.
Tras el creciente impacto del coronavirus (COVID-19) en todo el mundo, todas las industrias y sectores se enfrentan a una interrupción significativa de su cadena de suministro, fuerza laboral y flujo de caja. De esta manera, los líderes empresariales deben mantenerse alerta y más ágiles que nunca de cara a tomar las medidas adecuadas para asegurar la resiliencia en sus operaciones y mitigar el impacto de la crisis provocada por el virus.
El RD-Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID1-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, regula en su CAPÍTULO II de Medidas Concursales y Societarias, determinadas medidas adicionales a las ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 29 de abril el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril en el que se aprueban tres paquetes de medidas (procesales, concursales y societarias, organizativas y tecnológicas) para la vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado en los últimos días un conjunto de medidas fiscales destinadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos, más allá de la puesta en marcha de avales públicos para préstamos. Se trata, básicamente, de moratorias en el pago de impuestos, como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la finalización del estado de alarma.