Por: Ignacio Ripol, Javier Ruiz Gutiérrez, Fernando Olmos, Carmen Marco Pía
05/08/2026 07:50 p. m. Lectura de 3 minutos
El Tribunal Supremo, en su sentencia 989/2026, de 23 de junio (la “Sentencia”), aborda una cuestión de especial relevancia en el ámbito del Derecho Societario: la validez de la Junta General Universal cuando uno o varios socios niegan su asistencia a la reunión. El origen de la controversia se centra en la impugnación de los acuerdos sociales por los que se acordó el cese y nombramiento del administrador único de la sociedad, así como su posterior elevación a público, tras negar los socios titulares del 38% del capital social su asistencia a la Junta Universal. En este contexto, la Sentencia analiza tres cuestiones fundamentales: la carga de la prueba, la presunción de veracidad del contenido y la incidencia de los hechos en el orden público.
El reciente Reglamento Ómnibus Digital (Reglamento UE 2026/1744) modifica el Reglamento IA Act (Reglamento UE 2024/1689) para abordar los retos de ejecución derivados del retraso en la elaboración de normas técnicas y en el establecimiento de los marcos nacionales de gobernanza. La nueva norma recalibra los hitos de cumplimiento, reajusta las obligaciones técnicas y prohíbe de forma taxativa nuevas prácticas lesivas de derechos fundamentales. En la práctica, esta reforma redefine el mapa de riesgos regulatorios y ofrece a la alta dirección un marco de implementación tecnológica más realista y proporcionado.
Julio 2026
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 14 de octubre de 2025 aborda una cuestión de gran relevancia práctica sobre el depósito de cuentas anuales: la exigencia de motivación suficiente de las calificaciones negativas emitidas por los Registradores Mercantiles. La resolución analiza si puede mantenerse la denegación de un depósito de cuentas cuando la nota de calificación invoca de forma genérica un defecto relativo a la declaración de titularidad real sin concretar las razones que la justifican.
La STS 1014/2026, de 24 de junio, analiza el régimen jurídico de las participaciones sociales sin derecho de voto y, en particular, el alcance del artículo 99.3 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) cuando no se ha satisfecho el dividendo mínimo reconocido a sus titulares. La resolución precisa que la recuperación del derecho de voto no opera de forma automática para todos los acuerdos de una junta general, sino que exige atender al momento concreto en que se cumple el presupuesto legal que permite recuperar dicho derecho.
Asistencia financiera y autocartera, indemnización por clientela y nueva normativa europea refuerzan las obligaciones legales y de compliance empresarial.
En agosto de 2026 se activan las obligaciones de transparencia y el régimen de Alto Riesgo del RIA. Qué ya aplica, qué queda por hacer y cómo preparar tu empresa
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