Asesoramiento fiscal, legal y laboral para empresas
Novedades jurídicas con impacto empresarial: asistencia financiera en operaciones de autocartera, límites a la indemnización por clientela, nuevas exigencias europeas anticorrupción y criterios del TJUE sobre responsabilidad algorítmica.
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Asistencia financiera en operaciones con autocartera: alcance y efectos según el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo aclara que el pago aplazado en operaciones con autocartera puede constituir asistencia financiera, especialmente si se pacta sin intereses ni garantías. No obstante, su existencia no determina automáticamente la nulidad del acuerdo, siendo necesario valorar el impacto real de la operación en la sociedad. Esta doctrina refuerza la importancia de analizar y documentar adecuadamente este tipo de operaciones.
La STS 532/2026 y la indisponibilidad de la indemnización en el contrato de agencia
El Tribunal Supremo consolida el carácter imperativo de la indemnización por clientela en el contrato de agencia. Una vez acreditados los requisitos legales, no cabe reducir su cuantía máxima mediante pactos contractuales ni por criterios judiciales ajenos a la Ley. Esta doctrina refuerza la necesidad de revisar el clausulado de los contratos de agencia y documentar adecuadamente la aportación de clientela.
La Unión Europea continúa reforzando la lucha contra la corrupción: nuevas exigencias penales y mayor presión sobre las organizaciones
La nueva Directiva europea contra la corrupción refuerza el marco penal común en la UE y amplía la presión sobre las organizaciones en materia de prevención, control y cumplimiento. La norma impulsa la revisión de los programas de compliance, los mapas de riesgos, las políticas internas y los procedimientos de due diligence para anticipar las nuevas exigencias regulatorias.
Algoritmo y responsabilidad. El TJUE redefine el régimen de los prestadores intermediarios.
El TJUE precisa que las plataformas que utilizan algoritmos para determinar cómo, cuándo y con qué prioridad se difunde la información pueden quedar fuera del régimen de exención de responsabilidad de los prestadores intermediarios. Esta doctrina obliga a los operadores digitales a revisar el funcionamiento de sus algoritmos, sus condiciones de uso y sus procedimientos internos de control y moderación.