Por: Cristina Muñoz-Aycuens, Alfonso Bravo
31/07/2026 11:18 a. m. Lectura de 10 minutos
Las disputas empresariales suelen incorporar cuestiones económicas, financieras o contables cuya complejidad requiere un análisis especializado. En este contexto, el perito forense aporta conocimiento técnico, independencia y una visión objetiva de los hechos para ayudar a tribunales, árbitros y partes involucradas a comprender y valorar adecuadamente los aspectos económicos de una controversia. Su intervención resulta especialmente relevante en litigios, arbitrajes y conflictos societarios, donde la evidencia económica puede ser determinante para la resolución del caso.
En una disputa, los argumentos jurídicos suelen apoyarse en información económico-financiera o contable. Un incumplimiento contractual, una discrepancia sobre el precio de una operación o un conflicto entre socios pueden exigir la revisión de documentos, la reconstrucción de operaciones y el cálculo de sus consecuencias económicas.
El perito forense se ocupa de este análisis. Examina la información disponible, aplica una metodología adecuada al objeto de la disputa y presenta sus conclusiones en un informe pericial. Cuando el procedimiento lo requiere, también explica y ratifica su trabajo ante un juzgado o un tribunal arbitral. Estas actuaciones forman parte del asesoramiento pericial prestado por el equipo de Forensic de Grant Thornton.
La intervención del perito puede comenzar antes de que se formalice el procedimiento. Un análisis previo permite identificar los aspectos económicos de la controversia, revisar la documentación aportada por las partes y valorar la información disponible para una reclamación, una defensa o una posible negociación.
Un perito forense es un profesional especializado en el análisis económico-financiero o contable de una controversia. Su función es estudiar los hechos que forman parte de la disputa y ofrecer una opinión técnica sustentada en documentación y métodos de análisis explicados en su informe.
Según la naturaleza del asunto, su trabajo puede comprender la revisión de registros contables, contratos, cuentas anuales, modelos financieros, documentación societaria, comunicaciones con contenido económico y otros materiales relacionados con el conflicto.
El objetivo no es sustituir la valoración jurídica del caso, sino aportar los conocimientos técnicos necesarios para interpretar sus componentes económicos. El perito trabaja habitualmente junto con los asesores legales, que definen la estrategia jurídica y procesal, pero mantiene la responsabilidad sobre sus análisis y conclusiones.
El resultado se plasma en un informe pericial que debe identificar la información examinada, explicar la metodología empleada y presentar las conclusiones de forma ordenada y estructurada. Su contenido ha de ser comprensible para personas que no necesariamente cuentan con formación económica o financiera.
Grant Thornton aborda estos trabajos mediante equipos multidisciplinares que pueden integrar, en función de las necesidades del asunto, perfiles con experiencia económica, financiera, contable, tecnológica o jurídica.
La intervención de un perito forense es habitual cuando la resolución de una controversia depende del análisis de cuestiones económicas o financieras. Aunque cada asunto presenta circunstancias diferentes, los litigios, los arbitrajes y los conflictos entre socios son algunos de los escenarios más frecuentes.
En un procedimiento judicial, el perito forense puede intervenir para acreditar hechos económicos, revisar el cumplimiento de determinadas obligaciones o cuantificar los daños asociados a una reclamación.
Su participación es habitual en controversias relacionadas con incumplimientos contractuales, operaciones de compraventa de empresas, relaciones comerciales, decisiones societarias o actuaciones que hayan podido producir un perjuicio o impacto económico.
Por ejemplo, ante un incumplimiento de suministro, no basta con demostrar que una obligación no se ha atendido. También puede ser necesario determinar qué costes adicionales ha soportado la empresa, qué ingresos ha dejado de obtener y qué parte de esas pérdidas guarda relación con el incumplimiento analizado.
Para responder a estas cuestiones, el perito revisa la documentación, contrasta las hipótesis planteadas y desarrolla una cuantificación sustentada en datos. El informe proporciona al tribunal los elementos técnicos necesarios para valorar los aspectos económicos de la reclamación.
Cuando se celebra la vista, el perito puede ratificar el informe, explicar la metodología utilizada y responder a las preguntas formuladas por el juez y por los representantes de las partes. La elaboración y posterior ratificación de informes periciales forman parte del asesoramiento prestado por Grant Thornton en procedimientos judiciales.
En los arbitrajes es frecuente que las partes discrepen sobre cuestiones contables, financieras o de valoración. Estas diferencias pueden surgir en operaciones corporativas, contratos comerciales, proyectos de inversión o relaciones empresariales de carácter nacional o internacional.
Un ejemplo habitual se produce en las operaciones de compraventa de empresas. Comprador y vendedor pueden mantener posiciones distintas sobre el cálculo del precio final, la aplicación de un ajuste, la evolución del EBITDA o el cumplimiento de determinadas previsiones contractuales.
El perito analiza las magnitudes discutidas, revisa su correspondencia con la documentación contable y contractual y explica las diferencias entre los planteamientos de las partes. También puede cuantificar el impacto económico de los escenarios considerados.
El informe debe permitir que el tribunal arbitral comprenda el origen de la discrepancia, los criterios aplicados y las consecuencias de cada interpretación. Durante la comparecencia, el experto expone sus conclusiones y responde a las cuestiones planteadas por los árbitros y los asesores de las partes.
Los conflictos entre socios pueden estar relacionados con la valoración de participaciones, el reparto de beneficios, las condiciones de salida de un socio, la gestión de la compañía o determinadas operaciones realizadas con partes vinculadas.
La dificultad suele aumentar cuando los socios no disponen del mismo nivel de información o interpretan de forma diferente la situación económica de la sociedad. En estos casos, el análisis pericial permite revisar los datos utilizados por cada parte y ofrecer una valoración basada en criterios técnicos.
El perito puede estudiar la evolución financiera de la empresa, analizar operaciones concretas, examinar las hipótesis utilizadas en una valoración o calcular el posible efecto económico de determinadas decisiones.
Este trabajo puede emplearse en un procedimiento judicial o arbitral, pero también durante una negociación. Disponer de un análisis documentado ayuda a delimitar las diferencias y permite que las conversaciones se apoyen en información contrastada, en lugar de depender únicamente de las posiciones de los socios.
El desarrollo de una pericia depende de las circunstancias del asunto, la información disponible y las cuestiones que deban analizarse. Con carácter general, el trabajo puede organizarse en las siguientes fases.
El primer paso consiste en comprender el origen de la disputa y delimitar las cuestiones económicas que requieren una opinión especializada.
Durante esta fase se revisan los antecedentes del asunto, las posiciones de las partes y los principales documentos disponibles. También se identifica la información adicional que puede ser necesaria y se define el alcance del trabajo.
Este análisis inicial permite determinar si los datos disponibles son suficientes para responder a las cuestiones planteadas y qué procedimientos deberán aplicarse.
Una vez definido el alcance, el perito recopila y analiza la información relacionada con la controversia.
La documentación puede incluir:
El perito contrasta las distintas fuentes y revisa su coherencia. Si detecta lagunas, inconsistencias o limitaciones, debe considerarlas en el análisis y reflejarlas adecuadamente en su informe.
La metodología empleada depende de las preguntas que deba responder el informe. No requiere el mismo enfoque una valoración de participaciones que el cálculo de pérdidas ocasionadas por un incumplimiento contractual.
Cuando el encargo comprende una cuantificación de daños y perjuicios, el perito debe analizar la relación entre el hecho discutido y la pérdida reclamada. También debe diferenciar los efectos atribuibles a la actuación examinada de aquellos que puedan deberse a otros factores.
El cálculo puede incluir conceptos como el daño emergente, referido a las pérdidas o costes soportados, y el lucro cesante, relacionado con los beneficios que previsiblemente se habrían obtenido si el hecho objeto de la controversia no se hubiera producido.
Las hipótesis utilizadas deben estar justificadas y ser coherentes con la documentación disponible. El informe también puede examinar escenarios alternativos cuando existan incertidumbres que afecten al resultado.
Una vez finalizados los análisis, el perito prepara un informe que recoge el objeto del encargo, la documentación examinada, la metodología empleada y las conclusiones alcanzadas.
El documento debe presentar un razonamiento que pueda seguirse y contrastarse. No basta con mostrar una cifra final. Es necesario explicar cómo se ha obtenido, qué datos se han utilizado y qué hipótesis afectan al cálculo.
La claridad también es importante. El informe se dirige habitualmente a abogados, jueces, árbitros y equipos directivos que pueden no estar familiarizados con la terminología contable o financiera. Por ese motivo, las explicaciones deben ser precisas, pero también accesibles.
El trabajo del perito puede continuar después de la entrega del informe. En procedimientos judiciales y arbitrales, el experto puede ser requerido para ratificar su contenido y responder a las preguntas de las partes o del órgano encargado de resolver la controversia.
Durante la comparecencia debe explicar los análisis realizados, justificar la metodología aplicada y contestar a las observaciones formuladas sobre su trabajo.
Esta fase exige combinar conocimiento técnico y capacidad de comunicación. Una conclusión correctamente calculada puede perder utilidad si no se explica de manera comprensible. Por ello, la exposición debe ser ordenada, directa y adaptada a las cuestiones planteadas durante el procedimiento.
Cuando una controversia incorpora aspectos económicos, financieros o contables, disponer de un análisis técnico permite comprender mejor los hechos discutidos y valorar sus consecuencias.
La utilidad de la pericia no se limita a la presentación de una cifra. El informe debe explicar qué ha ocurrido desde una perspectiva económica, qué documentación sustenta las conclusiones y cómo se ha calculado el importe de una posible reclamación.
Incorporar al perito desde las primeras fases también permite identificar las cuestiones que requieren análisis, valorar la información disponible y detectar posibles limitaciones antes de que el procedimiento avance. El resultado puede utilizarse para preparar una reclamación o una defensa, evaluar riesgos y apoyar una negociación.
En litigios, arbitrajes y conflictos entre socios, el informe pericial ofrece un soporte técnico para que empresas, asesores legales, jueces y árbitros puedan valorar los aspectos económicos de la disputa sobre la base de documentación y análisis contrastables.
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