Esta nueva ley supone la transposición al derecho español de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (también conocida como Directiva Whistlebower). Entre otras, la Ley obliga a contar con canales internos de información, así como con canales externos con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada (la Autoridad Independiente de Protección del informante).
El texto obliga a las entidades tanto públicas como privadas que tengan contratadas 50 o más personas trabajadoras, entre las que se incluyen a universidades, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales o fundaciones con financiación pública a habilitar estos canales o sistemas internos para que se puedan denunciar malas prácticas de manera anónima. No obstante, las entidades que ya dispusieran de este podrán continuar utilizando el mismo siempre que cumplan con las previsiones de la Ley.
