Las consecuencias del COVID-19 han tenido un grave impacto en la actividad de las compañías. Ahora más que nunca, las empresas deben estar atentas a nuevas oportunidades y desafíos del mercado, manteniendo la actividad comercial y generando seguridad en sus grupos de interés.
El impacto del COVID-19 obliga a las empresas a desarrollar todas las herramientas disponibles para mantener su actividad y cumplir sus objetivos, sea cual sea el escenario que se presente. La continuidad de negocio es el objetivo prioritario, así como la puesta en marcha de acciones de mitigación de riesgos.
La situación generada por el COVID-19 está obligando a las compañías a centrarse, más que nunca, en la ciberseguridad, la protección ante amenazas y la aplicación masiva del teletrabajo, con el consiguiente impacto de estos tres ámbitos en las esferas operativas y financieras.
Las condiciones en las que las organizaciones operaban han cambiado de forma inesperada. Por esta razón es importante revisar las obligaciones contractuales de la compañía, tanto privadas como públicas, así como proteger los riesgos vinculados a la protección de datos de la compañía y su defensa ante procedimientos concursales y litigios.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que tiene gran relevancia para los trabajos de auditoría y de administradores concursales en estos momentos.
Nadie sabe exactamente cuánto va a durar la pandemia, por lo que la liquidez necesaria para la continuidad del negocio puede variar. La única certeza es que la situación evolucionará constantemente.
Novedades BOE - Mayo de 2020
En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19, este 5 de mayo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya entrada en vigor se produce el 7 de mayo de 2020.
A pesar de la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19 y el impacto en la economía que ha tenido y que se espera que siga tenindo, la Generalitat de Catalunya ha seguido su plan de subida de impuestos y el pasado jueves, 30 de abril, se publicó en el Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya la Ley 5/2020, de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente.
Actualmente, nos encontramos ante un momento clave y decisivo para frenar el número de contagios por la Covid-19, al mismo tiempo que se están implementado distintas fases de desconfinamiento y regresando paulatinamente a la actividad empresarial.
Tras el creciente impacto del coronavirus (COVID-19) en todo el mundo, todas las industrias y sectores se enfrentan a una interrupción significativa de su cadena de suministro, fuerza laboral y flujo de caja. De esta manera, los líderes empresariales deben mantenerse alerta y más ágiles que nunca de cara a tomar las medidas adecuadas para asegurar la resiliencia en sus operaciones y mitigar el impacto de la crisis provocada por el virus.
El RD-Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID1-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, regula en su CAPÍTULO II de Medidas Concursales y Societarias, determinadas medidas adicionales a las ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.