En este sentido, ha habido bastante controversia con la patronal. Las organizaciones empresariales han mostrado oposición a la medida, abogando por la preferencia de las negociaciones colectivas para implantar este tipo de medidas.
Se prevé en el texto que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración máxima de la jornada ordinaria.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, acusa al Ministerio de Trabajo de "invadir de la negociación colectiva".
En esta línea, también se pronuncia Foment del Treball anunciando que “Foment del Treball planteja el seu rebuig a la reducció de la jornada laboral mitjançant una llei, ja que nombrosos convenis col·lectius ja han establert jornades inferiors a les 40 hores setmanals, en la línia del que ha defensat CEOE. La jornada laboral ha de ser un punt d’acord en la negociació col·lectiva, on es considerin les particularitats i necessitats de cada sector.”
Adicionalmente, el texto recoge una disposición transitoria segunda en la que se aclara que "las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma".
Esto resultará en subidas salariales a las personas que presten servicios en esta modalidad.
De acuerdo con el texto del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por persona trabajadora a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: primera, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global; y segunda, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Adicionalmente, el Gobierno anuncia que se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos (UGT, CCOO) para actualizar el SMI para 2025. Este acuerdo prevé la actualización en los siguientes términos:
