Todas las compañías -sea cual sea su número de plantilla- deben elaborar el registro retributivo anual, incluyendo personal directivo, correspondiente al año natural 2025. El incumplimiento de esta obligación puede ser objeto de sanción administrativa, con multas que pueden alcanzar los 7.500 euros.
Las compañías están obligadas a disponer del registro diario de jornada de toda la plantilla, incluidas las personas trabajadoras a distancia y temporales. Con el comienzo del año es recomendable realizar un recordatorio a toda la plantilla, incluyendo en su caso formación a tal efecto. Nuevamente, el incumplimiento de esta obligación puede suponer una sanción con multa de hasta 7.500 €.
Es necesario elaborar y exponer el calendario laboral en cada centro de trabajo antes del 1 de enero de 2026, previa consulta con la representación legal si las hubiera. Su incumplimiento constituye una infracción leve sancionable con multas de hasta 750 €.
Las compañías de 50 o más personas trabajadoras deben comunicar durante el primer trimestre de 2026 la relación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad y, en su caso, las medidas alternativas adoptadas a 31 de diciembre de 2025.
Desde una perspectiva de cumplimiento normativo, todas las compañías, independientemente de su dimensión, deben contar con el protocolo adecuado para prevenir, detectar y gestionar conductas de acoso moral o discriminatorio.
El derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral tiene que garantizarse a través de una política específica, previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras, si la hubiera. Esta obligación aplica a todas las compañías con independencia de su dimensión.
Las compañías que reciben o envían personal desplazado, o que forman parte de grupos multinacionales, tienen que cumplir ciertas obligaciones recogidas en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento transnacional de personas trabajadoras.
Las compañías que desplacen temporalmente a personas trabajadoras a España o al extranjero deben comunicarlo a la autoridad laboral antes del inicio de la prestación de servicios. La falta de comunicación constituye una infracción muy grave con sanciones de hasta 187.515 €.
Es esencial planificar los desplazamientos con suficiente antelación y tener en cuenta la necesidad de obtener un visado cuando sea necesario, especialmente en el caso de personas trabajadoras nacionales de terceros países.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, las compañías con más de 200 personas trabajadoras están obligadas a elaborar e implementar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), en 24 meses. Este plan debe incluir medidas que fomenten el uso de medios de transporte sostenibles (transporte público, bicicleta, vehículos compartidos, etc.) y reduzcan las emisiones derivadas de los desplazamientos laborales y debe ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, si la hubiese.
FUNDAE es el organismo público español encargado de gestionar el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del SEPE. Su principal función es administrar el crédito de formación bonificada que las compañías tienen a su disposición para formar a su plantilla.
Las acciones formativas que contrates con Grant Thornton podrán ser parcialmente bonificadas a través de FUNDAE, siempre que cumplan los requisitos establecidos:
Se deben mantener actualizadas sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales (CAE), reconocimientos médicos, evaluación de riesgos y formación de la plantilla.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones que, en los casos más graves, pueden suponer posibles responsabilidades civiles y penales en caso de accidente laboral.
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