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La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2017, en unificación de doctrina, analiza si cabe que la empresa extienda su facultad disciplinaria a momentos y lugares no coincidentes con el horario y centro de trabajo del empleado que comete el delito.

Cuando hablamos de “medidas de vigilancia”, nos estamos refiriendo a aquellas disposiciones y regulaciones que definen el sistema establecido para la observación atenta, cuidadosa y eficaz del buen desarrollo de algo.

La esencia del modelo estará constituida por todos los procedimientos y sistemas establecidos para reducir el riesgo de comisión de un delito en la organización.

De acuerdo con el significado de prevenir, lo hacemos no solo cuando impedimos o cuando evitamos de forma absoluta los delitos, sino cuando preparamos lo necesario para impedir o evitar, disponemos o preparamos medios para futuras contingencias, advertimos o informamos, nos anticipamos a su comisión o nos preparamos de antemano.

Desde el punto de vista operativo, esto es, desde el punto de vista de quien ayuda a las empresas a cumplir la norma penal al diseñar e implantar sus sistemas de prevención penal, nos parece muy razonable comenzar estos artículos tratando de comprender el significado de la expresión literal “modelos de organización y gestión”, que aparece por primera vez en el artículo 31 bis, en su apartado 2.

Nos encontramos ante un entorno regulatorio amplio y cambiante que hace necesaria la adaptación permanente de las estructuras societarias y sus procedimientos a la actualidad normativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado la procedencia del despido disciplinario de un empleado que, según pudo demostrarse gracias al GPS incorporado en su Tablet, incumplió sus deberes laborales.

Las empresas –y así accionistas y órganos de dirección- esperan que sus equipos fiscales sean fuente de constante creación de valor por medio de sempiternas propuestas de optimización de la carga impositiva, y ello a pesar de los cambios regulatorios, geopolíticos y corporativos.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.

Durante los últimos tiempos el colectivo de trabajadores autónomos, que engloba cerca de 3,2 millones de personas en nuestro país, ha reivindicado fuertemente la necesidad de mejora de su sistema de protección social así como la disminución de las cargas económicas asociadas a su actividad.

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Se ha publicado en el BOE la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.