El domingo 22 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, definido como un nuevo escudo social y económico destinado a mitigar los efectos más inmediatos derivados del contexto geopolítico actual y de la volatilidad de los mercados energéticos.
La norma articula un paquete de medidas de carácter transversal que abarca, entre otros ámbitos, el energético, el económico y de apoyo a la industria, el tributario, el agrario y pesquero, el transporte y, de forma especialmente relevante, el ámbito social y laboral.
Este Real Decreto-Ley deberá ser convalidado por el Congreso en los 30 días hábiles siguientes a su promulgación.
Esta norma contempla medidas en materia energética, económicas y de apoyo a la industria, tributarias, en materia agraria y pesquera, medidas en el sector del transporte y, por último, en su título VI abarca medidas de carácter social.
Dos son las medidas de carácter social contempladas en este real decreto -ley. Por un lado, se establece, como salvaguarda del empleo, que las empresas beneficiarias de las ayudas previstas en este real decreto-ley no podrán, hasta el 30 de junio de 2026, efectuar despidos por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que tengan su origen en la situación regulada en el presente real decreto-ley. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo.
Y, por otro lado, ante el previsible aumento del coste energético para las empresas y el consiguiente incremento en los costes de la movilidad para las personas trabajadoras, se adelanta en doce meses el plazo de entrada en vigor del deber de negociar y elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo para empresas con centros de trabajo que cuenten con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. Estos planes, que constituyen verdaderos instrumentos de planificación de la movilidad, deben incluir medidas que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, compartida o colaborativa, o medidas transversales como el teletrabajo, y permitirán minimizar los impactos en materia de energía tanto para las empresas como para las personas trabajadoras.
De esta forma, se modifica el artículo 26 de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, reduciendo de 24 a 12 meses ese plazo de cumplimiento de la obligación de disponer de planes de movilidad sostenible, por lo que las empresas afectadas deberán contar con dichos planes antes del 5 de diciembre de 2026. Igualmente, se prevé que, en el caso de las empresas que estén obligadas a contar con un plan de movilidad sostenible y sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en este real decreto-ley, el incumplimiento de dicha obligación conllevará el reintegro de las ayudas recibidas.
El Real Decreto-ley articula un conjunto de medidas dirigidas a contener el impacto inmediato del incremento de los precios energéticos sobre empresas y consumidores.
2.1 Reducción de la carga fiscal y de los costes energéticos
En general, prevé una reducción temporal (hasta el 30 de junio y sometida a ciertas condiciones) de la fiscalidad energética, que, entre otras, se resume en:
A. Imposición indirecta y local:
B. En el IRPF, se prorrogan i) las deducciones por obras de mejora para la eficiencia energética de viviendas, ii) por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga y iii) se establece una nueva deducción por instalación de sistemas de autoconsumo renovable.
C. Finalmente, en el Impuesto sobre Sociedades, se prorroga la libertad de amortización para inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables, y también para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga.
En resumen, la norma contempla una bajada generalizada de la fiscalidad energética, junto con la activación de mecanismos temporales de protección frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
2.2 Incentivos a la inversión: electrificación y transición energética
A diferencia de las medidas de alivio inmediato, el Real Decreto-ley introduce un segundo nivel de actuación orientado a condicionar las decisiones de inversión empresarial a medio y largo plazo, mediante una combinación de incentivos fiscales y medidas regulatorias.
El objetivo no es solo reducir costes, sino reorientar el modelo productivo hacia la electrificación y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, trasladando una señal clara en el sentido de que la inversión en eficiencia energética pasa a ser un elemento estratégico de competitividad.
Desde el punto de vista económico, la norma favorece aquellas inversiones vinculadas al autoconsumo, al almacenamiento, a la sustitución de equipos fósiles y, en general, a la electrificación de hogares y empresas. La norma apunta a: reducir la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales de gas y petróleo y acelerar decisiones de inversión que permitan una mayor estabilidad de costes en el medio plazo. En este sentido, el incentivo no se agota en una ventaja tributaria concreta, sino que también puede influir en la rentabilidad económica de estas inversiones.
2.3 Medidas de apoyo económico
Junto a las medidas de reducción de costes y a los incentivos a la inversión, el Real Decreto-ley incorpora un conjunto de instrumentos de apoyo económico dirigidos a preservar la liquidez empresarial y a mitigar el impacto de la crisis en los sectores más afectados.
Entre estas medidas destacan las ayudas directas a sectores especialmente expuestos al incremento de los costes energéticos, como transporte, agricultura o pesca, así como mecanismos de compensación y apoyo a la actividad internacional. Aunque estas medidas no tienen naturaleza estrictamente tributaria, pueden presentar un impacto fiscal relevante, tanto por su tratamiento contable como por su incidencia en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Adicionalmente, la norma incorpora medidas de carácter mercantil orientadas a garantizar la continuidad empresarial, como el mantenimiento de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas en determinados supuestos. En concreto, se restablece la moratoria contable que permite excluir del cálculo patrimonial las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, evitando así que las sociedades que arrastran ese deterioro queden obligadas a disolverse. La norma añade además la posibilidad de reformular las cuentas anuales de 2025 ya formuladas, y de modificar o revocar las juntas de aprobación de cuentas que estuvieran ya convocadas, dotando a los órganos de administración de margen para adaptarse a la nueva situación.
Más allá de las medidas fiscales, económicas y laborales, el Real Decreto-ley incorpora una modificación relevante del marco regulatorio aplicable al sector energético y, por extensión, a la actividad empresarial. No se limita únicamente a responder al impacto inmediato de la crisis, sino que introduce cambios dirigidos a acelerar la electrificación, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ordenar de forma más estricta el acceso y uso de infraestructuras energéticas esenciales. En este sentido, la norma proyecta sus efectos sobre ámbitos que exceden de la pura reducción de costes y afectan directamente a la viabilidad jurídica y operativa de futuras inversiones.
Uno de los aspectos más significativos se encuentra en la revisión del régimen de acceso a red, mediante el refuerzo de los requisitos para conservar permisos y la introducción de mecanismos orientados a evitar el bloqueo especulativo de capacidad. Al mismo tiempo, se impulsan figuras como el autoconsumo, el almacenamiento, las comunidades energéticas y otras soluciones de flexibilidad, no solo como instrumentos de transición energética, sino también como elementos que condicionan cada vez más la planificación empresarial. La regulación refuerza su papel activo en la priorización y orientación de proyectos.
A ello se añade un refuerzo de las facultades de supervisión y control público, especialmente en relación con la información de precios, el funcionamiento de los mercados energéticos y el cumplimiento de obligaciones sectoriales. Todo ello apunta a un entorno regulatorio más exigente, en el que las empresas no solo deben identificar incentivos o medidas de apoyo, sino también anticipar riesgos de cumplimiento, condicionantes administrativos y nuevas exigencias legales.
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