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Prórroga en un contrato de arrendamiento por años sucesivos sentencia ts 1387/2025
La sentencia del Tribunal Supremo 1387/2025 declara válida una cláusula de prórroga forzosa indefinida a favor del arrendatario pactada tras la entrada en vigor de la Cláusula de Arrendamientos Urbanos (“LAU”). El Tribunal Supremo rechaza que dicha cláusula sea contraria a la ley, al haber sido acordada libremente y sin vicios del consentimiento.
La controversia nace tras la subrogación de la posición jurídica del arrendador, pues lo que defiende la sentencia del Tribunal Supremo es que, una vez adquirido el edificio, puede promover la acción de desahucio por expiración del plazo contractual alegando la nulidad de la citada cláusula.
¿Se acabó el fraude “man in the middle”?
La sofisticación de las amenazas digitales ha consolidado al ataque Man-in-the-Middle (MITM) como uno de los vectores de riesgo más críticos para la integridad de la información confidencial. Esta técnica permite a un tercero posicionarse de forma invisible entre el emisor y el receptor, logrando interceptar, monitorizar o incluso alterar comunicaciones de carácter privilegiado en tiempo real. Desde un prisma de cumplimiento, esta vulnerabilidad trasciende lo estrictamente técnico para impactar directamente en el deber de custodia y el secreto profesional, pilares fundamentales de la práctica jurídica.
El impacto de una brecha de esta naturaleza sitúa a la firma en un escenario de vulnerabilidad frente al RGPD y puede derivar en responsabilidades legales por negligencia en la protección de activos intangibles. Por ello, la implementación de infraestructuras de cifrado de extremo a extremo y protocolos de autenticación robustos no son solo medidas de seguridad, sino componentes esenciales de una gobernanza corporativa resiliente. La prevención activa frente a estas intrusiones se erige hoy como un requisito deontológico ineludible para garantizar la seguridad jurídica y preservar la confianza fiduciaria en el entorno digital.
Aprobada Ley 10/2025
La Ley 10/2025 ya es una realidad y marca un antes y un después en la atención a la clientela. La norma obliga a empresas de sectores regulados y grandes compañías a ofrecer servicios de atención más accesibles, eficaces y centrados en las personas. Se refuerza la atención multicanal, gratuita y con intervención humana garantizada. Las empresas deberán informar con total transparencia sobre sus canales, plazos y mecanismos de seguimiento. Se fijan tiempos máximos de respuesta más exigentes, especialmente en servicios básicos y facturación. La atención telefónica gana protagonismo, con límites claros a los tiempos de espera y sin sobrecostes para el cliente. Además, se impulsa la evaluación continua de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. El plazo para adaptarse finaliza en diciembre de 2026. El incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta 1 millón de euros.
La nueva Ley 10/2025 establece niveles mínimos de calidad en los servicios de atención al cliente, afectando a empresas que suministren servicios de interés general, sectores regulados añadiendo además grupos de sociedades que tengan más de 250 trabajadores o que su volumen de negocio sea superior a 50 millones de euros.
Esta Ley se aplicará con carácter supletorio respecto a la normativa de consumidores.
La ampliación de capital por compensación de créditos y el abuso de mayoría: comentarios a la STS 1763/2025, de 2 de diciembre
La STS 1763/2025, de 2 de diciembre, refuerza la protección del socio minoritario frente a ampliaciones de capital abusivas. El Tribunal Supremo aclara cuándo una ampliación por compensación de créditos puede considerarse contraria al interés social. Aunque exista una necesidad real de capitalización, ello no legitima automáticamente cualquier modalidad de ampliación. La sentencia pone el foco en si la opción elegida beneficia exclusivamente a la mayoría y diluye injustificadamente a la minoría. En el caso analizado, la compensación de créditos favoreció al socio mayoritario hasta alcanzar el 97% del capital. El Supremo subraya que deben analizarse alternativas menos perjudiciales, como la ampliación dineraria. Si existen opciones razonables y se descartan sin justificación, puede apreciarse abuso de mayoría. La resolución refuerza el control judicial de los acuerdos sociales. Y exige una motivación especialmente sólida cuando se restringe la participación del socio minoritario. Un aviso claro para futuras operaciones societarias.
El pacto sucesorio de atribución particular como instrumento idóneo del derecho civil catalán para la transmisión mortis causa de la empresa familiar
Los pactos sucesorios de atribución particular constituyen un instrumento cada más usado para asegurar la transmisión de un patrimonio empresarial cada vez más ordenado y seguro. Además de ser uno de los más utilizados en la sucesión de un inmueble de una empresa familiar. Este pacto a diferencia de los estipulado en el derecho común, que está expresamente prohibido, yestán regulados en el derecho civil catalán.
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