En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19, este 5 de mayo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya entrada en vigor se produce el 7 de mayo de 2020.
A pesar de la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19 y el impacto en la economía que ha tenido y que se espera que siga tenindo, la Generalitat de Catalunya ha seguido su plan de subida de impuestos y el pasado jueves, 30 de abril, se publicó en el Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya la Ley 5/2020, de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente.
Actualmente, nos encontramos ante un momento clave y decisivo para frenar el número de contagios por la Covid-19, al mismo tiempo que se están implementado distintas fases de desconfinamiento y regresando paulatinamente a la actividad empresarial.
Tras el creciente impacto del coronavirus (COVID-19) en todo el mundo, todas las industrias y sectores se enfrentan a una interrupción significativa de su cadena de suministro, fuerza laboral y flujo de caja. De esta manera, los líderes empresariales deben mantenerse alerta y más ágiles que nunca de cara a tomar las medidas adecuadas para asegurar la resiliencia en sus operaciones y mitigar el impacto de la crisis provocada por el virus.
El RD-Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID1-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, regula en su CAPÍTULO II de Medidas Concursales y Societarias, determinadas medidas adicionales a las ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 29 de abril el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril en el que se aprueban tres paquetes de medidas (procesales, concursales y societarias, organizativas y tecnológicas) para la vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado en los últimos días un conjunto de medidas fiscales destinadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos, más allá de la puesta en marcha de avales públicos para préstamos. Se trata, básicamente, de moratorias en el pago de impuestos, como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la finalización del estado de alarma.
Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.
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