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Llevamos ya más de cuatro semanas en estado de alarma, con suspensión de la mayoría de las actividades económicas y en confinamiento, como medidas más relevantes impuestas legalmente en España y derivadas de la pandemia producida por la propagación del COVID-19.

En una era de cambios sin precedentes que España y el mundo está experimentando con la irrupción del coronavirus, los empresarios españoles están convencidos de que tendrán que reorientar su estilo de liderazgo, con tres atributos clave: la disrupción digital, la automatización y el uso generalizado del big data y la inteligencia artificial, cualidades que les van a exigir adaptarse más rápido al cambio y a las innovaciones.

La pandemia mundial del coronavirus o COVID-19 y las medidas gubernamentales adoptadas para paliar sus efectos están comportando impactos significativos en la actividad de muchas empresas.

La pandemia global del coronavirus ha provocado que un gran número de empresas españolas tomen medidas laborales drásticas ante el parón de la economía y de sus negocios. Para combatir esta emergencia económica global en la que nos encontramos, el Gobierno ha adoptado un marco legal extraordinario en materia Laboral que impacta directamente sobre las compañías y los empleados.

Grant Thornton ha organizado, junto a la British Chamber of Commerce in Spain, un webinar enfocado a ayudar a las compañías españolas a hacer frente al coronavirus y en el que ofrecemos diferentes soluciones adaptadas a su negocio.

Todo parece indicar que nos acercamos hacia una recesión inevitable que afectará profundamente a los negocios. Por ello, las empresas españolas deben estar más preparadas que nunca para protegerse de las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. Deben saber cómo reaccionar ante los desafíos del mercado, así como lidiar con el estrés de las circunstancias actuales.

Las situaciones de crisis son un buen termómetro para evaluar el nivel de preparación de una compañía ante los riesgos de carácter legal. La alarma sanitaria y las medidas excepcionales adoptas por el Gobierno pueden incrementar notablemente la exposición de las empresas al incumplimiento de obligaciones contractuales, sanciones administrativas e incluso a la comisión de conductas de carácter penal.

Ayer, 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con efectos desde el 2 de abril de 2020, mediante el cual se aprueban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Como continuación al Real Decreto-ley 8/2020 aprobado el 17 de marzo, que fue objeto de nuestra última Newsletter, y con el fin de hacer frente a la crisis del Covid-19, el Gobierno ha aprobado en los últimos días las siguientes medidas adicionales:

La mayoría de las empresas han visto paralizada su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma derivada de la propagación del COVID-19, así como del reciente Real Decreto que ha ordenado el cierre de un extenso listado de actividades consideradas no esenciales. Para dichas empresas, el pago del alquiler del local donde desarrollan su actividad constituye una carga significativa que desequilibra en mayor o menor medida su cuenta de resultados, dado que no generan ingresos o se reducirán de forma significativa.

El RD-Ley 11/2020 de 31 de marzo regula en el CAPÍTULO I de Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, de la Sección 1.ª (Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables) determinadas medidas aplicables a los arrendamientos urbanos y a los créditos hipotecarios. Resumimos a continuación los artículos del citado RD-Ley aplicables en materia de arrendamientos desde una perspectiva jurídica.

Prudencia entre los empresarios españoles en su apuesta por las fusiones y adquisiciones.