La entrada en vigor del nuevo Real Decreto 723/2026 de transparencia en la información laboral supone un cambio relevante para las empresas. La norma amplía las obligaciones de información hacia los trabajadores y exige un mayor nivel de detalle sobre las condiciones de trabajo, desde el salario o la jornada hasta el uso de algoritmos en la gestión de personas.
Aunque muchas de estas materias ya estaban reguladas, ahora deberán comunicarse de una forma más clara, accesible y específica. Un nuevo escenario que obliga a revisar contratos, procedimientos internos y políticas laborales para minimizar riesgos jurídicos y garantizar el cumplimiento normativo.
Un nuevo marco de transparencia para las relaciones laborales
La norma transpone una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y obliga a las compañías a ofrecer una información mucho más detallada sobre la relación laboral. El objetivo es que los profesionales conozcan desde el primer momento aspectos clave de su empleo y dispongan de mayor seguridad sobre las condiciones que regulan su trabajo. Además, el decreto no sólo afecta a las nuevas contrataciones. Los trabajadores con contratos vigentes también podrán solicitar esta información ampliada, que las empresas deberán facilitar dentro de los plazos establecidos.
Salario y jornada: se acabó la información genérica
La nueva regulación exige detallar con precisión las condiciones económicas y organizativas del puesto. Ya no será suficiente con mencionar el convenio colectivo o indicar una jornada semanal estándar. Las empresas deberán informar sobre salario base, complementos, incentivos, criterios de devengo y sistemas de retribución variable. Del mismo modo, tendrán que concretar horarios, distribución de jornada, turnos, trabajo nocturno, horas extraordinarias y mecanismos de flexibilidad organizativa cuando resulten aplicables. En la práctica, muchas organizaciones deberán revisar sus modelos de contratación para incorporar un nivel de detalle que hasta ahora no era habitual.
El periodo de prueba: el punto con más riesgo jurídico
Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los expertos es la nueva regulación del periodo de prueba. Las empresas deberán especificar no solo su duración, sino también los criterios y aspectos profesionales que serán evaluados durante ese tiempo. La falta de concreción puede abrir la puerta a conflictos judiciales y aumentar la inseguridad jurídica en determinados procesos de extinción contractual. Además, la norma deja algunas cuestiones abiertas que previsiblemente deberán ser aclaradas por la jurisprudencia en los próximos años.
Algoritmos e inteligencia artificial: una nueva obligación de transparencia
La norma introduce también obligaciones relacionadas con los algoritmos y los sistemas automatizados utilizados en la gestión de personas. Aquellas herramientas que influyan en decisiones que afectan a los trabajadores deberán ser objeto de información específica. Esto incluye aspectos tan diversos como la organización de turnos, la evaluación del rendimiento o determinados procesos de selección cuando intervengan sistemas automatizados. Las empresas deberán explicar los criterios, reglas e instrucciones que utilizan estos sistemas en la toma de decisiones, un requisito que se suma a las crecientes exigencias regulatorias en materia de inteligencia artificial y gobierno tecnológico.
¿Qué deberían hacer las empresas desde hoy?
Más allá del cumplimiento formal, la adaptación al nuevo decreto requiere una revisión profunda de la documentación laboral y de los procedimientos internos de la compañía.
Según los expertos de Grant Thornton, el primer paso pasa por actualizar los modelos de contrato para incorporar toda la información exigida por la norma. También resulta recomendable revisar políticas internas relacionadas con horarios, cambios organizativos, sistemas de evaluación y herramientas automatizadas que afecten a las personas trabajadoras.
Real Decreto de transparencia laboral
Las nuevas reglas del juego para las relaciones laborales