Las últimas propuestas de la OCDE sobre la imposición tributaria en las empresas digitales se alejan de la radical hoja de ruta propuesta en mayo y se acercan a la declaración política presentada en enero, proponiendo una modificación en el reparto del beneficio residual y un análisis comparativo para los beneficios llamados “beneficios rutinarios” bajo el modelo de Profit Split de precios de transferencia.
¿Qué aspectos abordan las últimas propuestas de la OCDE, qué cuestiones dejan en el aire y cuáles son los riesgos que deben gestionarse?
Entre los últimos avances se incluye la limitación del ámbito de aplicación a las grandes empresas que lleven a cabo actividades B2C ("business-to-consumer"). Asimismo, parece que se recupera el principio de plena competencia o arm’s length, después de que pareciera condenado a la desaparición en las propuestas anteriores, aunque se trata solo de un indulto parcial.
Sin embargo, la sensación de alivio en las multinacionales de mediano tamaño probablemente se vea atenuado por la continua incertidumbre existente sobre el tipo de actividades comerciales y el tamaño de las empresas que se verán afectadas. Además, con independencia de lo que finalmente acuerde la OCDE, dicho acuerdo será solo una recomendación, y serán los gobiernos quienes tengan que elaborar sus propias medidas, aumentándose así el riesgo de doble imposición y controversias entre territorios.
El 9 de octubre de 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó su último intento para encontrar una solución viable con respecto a las controvertidas cuestiones de la fiscalidad digital. Tras la radical propuesta presentada en mayo, que habría afectado prácticamente a todas las empresas, las nuevas propuestas del Pilar 1 (atribución de beneficios y nuevas normas sobre el nexo o criterio de sujeción) parecen limitarse a las grandes empresas que interactúan con consumidores.
La OCDE ha hecho un esfuerzo para sacar del ámbito de aplicación a la mayoría de las pequeñas empresas, lo cual incluye la creación de un umbral combinado de facturación a nivel de grupo - que se fija preliminarmente en 750 millones de euros, de acuerdo con los informes país por país - si bien se trata solo de una propuesta a valorar. Si este importe de 750 millones de euros se convirtiera en norma general, un buen número de multinacionales de tamaño medio se verían afectadas, en lugar de aplicarse solo a las grandes empresas tecnológicas. Además, al igual que los informes país por país, los distintos países tienen la posibilidad de reducir este umbral, como anuncio España, lo cual implica que aquellas empresas que no cuenten con el correcto asesoramiento fiscal, no solo nacional sino internacional, tendrán dificultades para responder de forma oportuna a las exigencias adicionales.
La OCDE también ha tratado de mantener algunos elementos del principio de plena competencia, con un suplemento para las empresas que estén bajo el ámbito de aplicación. El enfoque sugerido consiste en una combinación del beneficio residual y una atribución basada en fórmulas para cada mercado de consumo en función de los niveles de ventas. Esta atribución podría calcularse utilizando los estados financieros consolidados. Las nuevas propuestas reconocen la necesidad de realizar una aplicación simultánea y de adoptar un mecanismo eficaz de resolución de controversias para que sea viable. Ambas necesidades requerirían a su vez un alto nivel de consenso entre jurisdicciones que podrían tener prioridades diferentes -o contrapuestas- y que aplicarían fórmulas distintas.
El periodo de consulta se cierra el 12 de noviembre de 2019. A continuación se celebrará una reunión consultiva en París durante los días 21 y 22 de noviembre. La OCDE sigue teniendo como objetivo alcanzar un acuerdo político que presente la arquitectura básica de la política tributaria a principios de 2020. Esto allanaría el camino para que se lleve a cabo el trabajo técnico detallado durante el año.
Se espera que algunas de las incertidumbres identificadas en las propuestas de la OCDE puedan aclararse durante el periodo de consultas y la posterior revisión de las respuestas.
El importante giro planteado por la OCDE entre la propuesta de mayo y la de octubre implica que el marco propuesto deja de ser una transformación para el conjunto de la economía y pasa a ser un reto que deberán abordar determinadas empresas. Sin embargo, las dudas existentes en torno a las últimas recomendaciones (por ejemplo, la incierta línea que separa las actividades B2C de las actividades B2B) y la aplicación práctica de las nuevas normas sobre el terreno (por ejemplo, con umbrales de facturación más bajos) conllevan el riesgo de asumir que su organización quede fuera del ámbito de aplicación cuando en realidad no lo esté.
Esperamos que esta actualización le haya resultado de utilidad. Si desea analizar cualquiera de estos temas con más detalle o si necesita ayuda para analizar el impacto de estas propuestas en su empresa, póngase en contacto con Juan Martinez, socio de Precios de Transferencia de Grant Thornton España y/o cualquiera de las personas de contacto indicadas en el artículo o consulte con su oficina local de Grant Thornton.
