Actualmente, nos encontramos ante un momento clave y decisivo para frenar el número de contagios por la Covid-19, al mismo tiempo que se están implementado distintas fases de desconfinamiento y regresando paulatinamente a la actividad empresarial.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado en los últimos días un conjunto de medidas fiscales destinadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos, más allá de la puesta en marcha de avales públicos para préstamos. Se trata, básicamente, de moratorias en el pago de impuestos, como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la finalización del estado de alarma.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales (“ISD” o mal llamada "Tasa Google"), que se publicó el pasado viernes día 28 de febrero en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), se ha iniciado su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de presentación de enmiendas, en principio hasta el próximo 17 de marzo de 2020.
Durante décadas, nuestra política tributaria se guió por la necesaria redistribución equitativa, y en el ámbito empresarial, por la internacionalización, la eficiencia y la elusión de dobles imposiciones.
Todavía está por ver si el caso de Xabi Alonso va a suponer un antes y un después en el tratamiento fiscal de los derechos de imagen, de especial relevancia en el mundo del deporte, el cine, la televisión, la música, y otras artes donde la imagen es un factor clave en el desarrollo profesional.
La Agencia Tributaria Española ha presentado recientemente los datos estadísticos de las multinacionales españolas que obtuvo en 2017 a través del modelo 231 de declaración de información País por País (o CbC en inglés) y que presentaron respecto del ejercicio 2016 las matrices de multinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a 750 millones de euros para el conjunto de entidades que formen parte de su grupo.
Las últimas propuestas de la OCDE sobre la imposición tributaria en las empresas digitales se alejan de la radical hoja de ruta propuesta en mayo y se acercan a la declaración política presentada en enero, proponiendo una modificación en el reparto del beneficio residual y un análisis comparativo para los beneficios llamados “beneficios rutinarios” bajo el modelo de Profit Split de precios de transferencia.
El pasado viernes el gobierno gallego presentó, junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Galicia para el año 2020, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. En este proyecto de ley se proponen una serie de reformas que afectan notablemente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Las empresas reticentes a la introducción de medidas unilaterales en los distintos países de la UE tienen cada vez menos esperanzas – la mayoría de los países ya han empezado a actuar.
La creciente complejidad del entorno jurídico, derivada de los importantes cambios en el entorno regulatorio acontecidos en los últimos años, ha hecho que el área legal se haya convertido en un elemento clave para la gestión de los riesgos corporativos. Esto ha llevado a que cada vez más empresas del middle market español amplíen e intensifiquen el asesoramiento legal especializado, con el objetivo de afrontar la complejidad legislativa creciente.
El pasado viernes 17 de mayo de 2019 se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, del 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, norma que entró en vigor hace ya 2 años, en concreto, el 13 de mayo del 2017.
Las reestructuraciones son siempre proyectos en los que la definición de la estrategia, los objetivos y los procedimientos a seguir son determinantes a la hora de lograr el éxito de la operación. Como empresa, se ha de tomar especial cautela en el cumplimiento de los requerimientos legales. Sin embargo, nuestra normativa en materia de despidos colectivos deja un amplio margen a la interpretación de forma y manera que son los tribunales los que están concretando la forma correcta de actuación a la hora de proceder a despedir a un volumen importante de trabajadores.