Comienza la cuenta atrás para la transposición de la directiva whistleblowing, siendo su fecha límite el 17 de diciembre de 2021. Impone la implantación y seguimiento de canales de denuncia internos y externos, además de la revelación pública. Es exigible tanto a entidades del sector público como privado
El pasado 13 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2021, de 12 de abril por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (en adelante, la “Ley 5/2021”), que ha conllevado importantes modificaciones en el régimen aplicable a las sociedades cotizadas, y otras tantas en el concerniente a las sociedades de capital en general.
Cuando cambian las reglas de la carrera, los equipos mejor preparados son los que tienen ventaja. Lo mismo sucede con las empresas cuando se avecinan cambios en las regulaciones.
A raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19 y la paralización de la actividad económica, se ha generado polémica sobre la posible aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus, como fórmula de reequilibrio de las obligaciones en contratos de larga duración, y especialmente en el contexto de las relaciones arrendaticias.
Las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia han dibujado un escenario en el que las reuniones, juntas y asambleas de entidades y empresas han tenido que adaptarse para garantizar su funcionamiento.
Es evidente que la crisis derivada de la COVID-19 y sus consecuencias (medidas de suspensión o limitación de actividades económicas, básicamente) han impactado e impactarán notablemente en los contratos privados y, especialmente, en los de M&A (adquisición de empresas).
El RD-Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID1-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, regula en su CAPÍTULO II de Medidas Concursales y Societarias, determinadas medidas adicionales a las ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 29 de abril el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril en el que se aprueban tres paquetes de medidas (procesales, concursales y societarias, organizativas y tecnológicas) para la vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.
Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.
Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.
Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.
El RD-Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo regula en el CAPÍTULO I de Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos determinadas medidas aplicables a los arrendamientos urbanos para uso distinto del de vivienda encaminadas a facilitar a los arrendatarios la consecución de una moratoria en el pago de la renta, distinguiendo, al igual que en el RD 11/2020 al regular las medidas relativas al arrendamiento de vivienda, entre los casos en los que el arrendador sea empresa o entidad pública de vivienda o “gran tenedor” y aquellos otros en los que no lo es.