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Los líderes actuales deben ser capaces de ver y adaptarse a los nuevos cambios culturales en el trabajo y ser lo suficientemente valientes como para hacerlos sostenibles en el tiempo. Sin embargo, ante la nueva realidad del teletrabajo, ¿cómo podemos mantener a los empleados comprometidos y hacer que se sientan valorados desde sus hogares?

La crisis sanitaria que atravesamos cogió al Govern de la Generalitat negociando unos presupuestos, con su correspondiente ley de medidas fiscales que contemplaba alzas de impuestos. Los inesperado de la emergencia le impidió, seguramente, dar marcha atrás. Digo esto porque hay aumentos fiscales de lo más inoportunos y bien haría el Govern en revisarlos para facilitar una rápida recuperación de la economía. El mejor ejemplo es la tasa turística, que abona todo aquel que pernocta en un hotel de Catalunya y que su revisión al alza entró en vigor el pasado 1 de mayo.

El Consejo de Ministros aprobó hace escasos días el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6, la cual establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva siempre que se produzca en el ámbito internacional.

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, regula en su Disposición Final Octava, determinadas medidas en el ámbito societario para la modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno español ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, con efectos desde el 27 de mayo de 2020, mediante el cual se aprueban medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

El Gobierno español ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, con efectos desde el 27 de mayo de 2020, mediante el cual se aprueban medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Aunque el documento ya estaba prácticamente terminado desde principios de 2017, el Texto Refundido de la Ley Concursal ha sido aprobado y publicado en el BOE a las puertas de un previsible incremento de concursos de acreedores que amenaza con colapsar los juzgados mercantiles.

Publicado en el BOE el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, estableciendo las siguientes medidas principales:

En estos momentos la principal preocupación es mantener a flote las compañías, pero también establecer los pilares de reconstrucción en la fase post-Covid 19. Es necesario estar atento a una generación constante de nueva normativa y leyes por parte del Gobierno y estar alerta de cuáles afecta a su negocio, a su estrategia fiscal y a su marco de cumplimiento normativo.

La situación provocada por el coronavirus es inédita y ha impactado profundamente en la fuerza laboral de nuestro país. Las empresas han desplegado planes de contingencia para mantener el liderazgo en sus equipos en tiempo de adversidad.

Las condiciones en las que las organizaciones operaban han cambiado de forma inesperada. Por esta razón es importante revisar las obligaciones contractuales de la compañía, tanto privadas como públicas, así como proteger los riesgos vinculados a la protección de datos de la compañía y su defensa ante procedimientos concursales y litigios.

En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19, este 5 de mayo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya entrada en vigor se produce el 7 de mayo de 2020.