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En estos momentos la principal preocupación es mantener a flote las compañías, pero también establecer los pilares de reconstrucción en la fase post-Covid 19. Es necesario estar atento a una generación constante de nueva normativa y leyes por parte del Gobierno y estar alerta de cuáles afecta a su negocio, a su estrategia fiscal y a su marco de cumplimiento normativo.

La situación provocada por el coronavirus es inédita y ha impactado profundamente en la fuerza laboral de nuestro país. Las empresas han desplegado planes de contingencia para mantener el liderazgo en sus equipos en tiempo de adversidad.

Las condiciones en las que las organizaciones operaban han cambiado de forma inesperada. Por esta razón es importante revisar las obligaciones contractuales de la compañía, tanto privadas como públicas, así como proteger los riesgos vinculados a la protección de datos de la compañía y su defensa ante procedimientos concursales y litigios.

En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19, este 5 de mayo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, cuya entrada en vigor se produce el 7 de mayo de 2020.

A pesar de la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19 y el impacto en la economía que ha tenido y que se espera que siga tenindo, la Generalitat de Catalunya ha seguido su plan de subida de impuestos y el pasado jueves, 30 de abril, se publicó en el Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya la Ley 5/2020, de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente.

Actualmente, nos encontramos ante un momento clave y decisivo para frenar el número de contagios por la Covid-19, al mismo tiempo que se están implementado distintas fases de desconfinamiento y regresando paulatinamente a la actividad empresarial.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 29 de abril el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril en el que se aprueban tres paquetes de medidas (procesales, concursales y societarias, organizativas y tecnológicas) para la vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.

Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado en los últimos días un conjunto de medidas fiscales destinadas a facilitar liquidez a las empresas y autónomos, más allá de la puesta en marcha de avales públicos para préstamos. Se trata, básicamente, de moratorias en el pago de impuestos, como el IRPF, IVA o tasas diversas hasta la finalización del estado de alarma.

Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.

El RD-Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo regula en el CAPÍTULO I de Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos determinadas medidas aplicables a los arrendamientos urbanos para uso distinto del de vivienda encaminadas a facilitar a los arrendatarios la consecución de una moratoria en el pago de la renta, distinguiendo, al igual que en el RD 11/2020 al regular las medidas relativas al arrendamiento de vivienda, entre los casos en los que el arrendador sea empresa o entidad pública de vivienda o “gran tenedor” y aquellos otros en los que no lo es.

A raíz de la publicación, el pasado 18 de marzo, del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19 y con motivo de la actual coyuntura económica por la presente crisis sanitaria, ha habido una masiva presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (conocidos como ERTEs), de suspensión y/o de reducción de jornada, para todo tipo de compañías.

Hace años que asesoro a empresas que prestan servicios en distintos ámbitos de la cadena portuaria. Una infraestructura como el puerto de Barcelona, funcionando a medio gas, es un hecho insólito, una situación difícil de imaginar, excepto en tiempos de guerra.