Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
Percepciones de especialistas del ámbito judicial, académico y empresarial sobre aspectos clave del Compliance.
Las empresas afectadas por la COVID-19 tienen hasta el próximo 31 de diciembre para solicitar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda pública que el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano con una partida de 10.000 millones de euros.
La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que para que pueda operar la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica debe haber existido la previa adopción y ejecución «eficaz» de un compliance program.
Las medidas dictadas por el Gobierno español para contener la propagación del COVID-19, tales como la opción del teletrabajo, restricción de desplazamientos y viajes y confinamiento general de la población han producido un cese temporal de gran parte de la actividad económica del país, disminuyendo sustancialmente los niveles de demanda, precios y, por tanto, generando impactos importantes en la rentabilidad.
La inactividad de muchas empresas durante el confinamiento las ha llevado a una situación límite, en la que resolver las necesidades de liquidez a corto plazo es una prioridad para garantizar su supervivencia.
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