El Parlamento Europeo continúa las negociaciones sobre la reducción de los requisitos de información y diligencia en sostenibilidad

El paquete Ómnibus, publicado por primera vez en febrero de 2025, está pensado para responder a esa demanda de simplificación. Incluye propuestas de cambios en los requisitos de la CSRD y de la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y, hasta la fecha, ha pasado por varias rondas de negociación dentro del proceso legislativo de la UE.

El 13 de octubre de 2025, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo (PE) aprobó su posición sobre los cambios propuestos al paquete Ómnibus.

Aunque el Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo inicial, aún deben darse varios pasos para que esta posición quede finalizada, entre ellos la aprobación en sesión plenaria y las negociaciones sobre el texto definitivo con los miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) y los gobiernos de la UE.

En el Pleno del Parlamento Europeo celebrado el 22 de octubre de 2025, se votó la posición negociadora del Parlamento sobre el Paquete Ómnibus I. El resultado fue el rechazo de esta posición: 318 votos en contra, 309 a favor y 34 abstenciones, consecuentemente, dicha posición no ha sido aceptada y volverá al Parlamento el 13 de noviembre, fecha en la que está prevista la siguiente votación.

Resumen de la posición

La posición del PE contiene propuestas de cambios tanto en la CSRD como en la CSDDD, orientadas a reducir la carga de información. A continuación, se detallan:

Cambios en la CSRD

• Reducción del alcance: Se proponen umbrales de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación neta para que las entidades de la UE entren en el ámbito de aplicación de la CSRD, lo que reduciría drásticamente el número de entidades obligadas a informar en comparación con los umbrales actuales. Para las entidades no pertenecientes a la UE, la posición propone un umbral de facturación neta en la UE de 450 millones de euros, sin umbral asociado de empleados.
• Limitación de solicitudes de información: La posición incluye una limitación a la información que las entidades de mayor tamaño pueden solicitar a socios de su cadena de valor que queden fuera del ámbito de la CSRD. Las entidades obligadas a informar no podrán solicitar a entidades fuera del alcance información que vaya más allá de lo exigido por los estándares voluntarios (VSME).
• Portal digital: La Comisión Europea ha acordado crear un portal digital con plantillas, directrices e información gratuitas.

Cambios en la CSDDD

• Reducción del alcance: Se proponen umbrales de 5.000 o más empleados y más de 1.500 millones de euros de ingresos, lo que reduciría de forma muy significativa el número de entidades dentro del ámbito de aplicación respecto a los umbrales actuales.
• Enfoque basado en el riesgo: Se introduce un enfoque basado en el riesgo, por el cual las entidades solo estarán obligadas a solicitar y reportar la información necesaria cuando exista una expectativa razonable de impacto adverso en las actividades de sus socios comerciales, en lugar de pedir la información de forma sistemática.
• Sin responsabilidad a escala de la UE: La posición indica que las obligaciones que surjan por incumplimientos de la CSDDD se regirán por el derecho nacional, y no a nivel de la UE.

Nuestra valoración

Celebramos que los esfuerzos de simplificación sean una prioridad para el PE y la Comisión Europea. En particular, el tope a la información que las entidades obligadas pueden solicitar a los socios de su cadena de valor, esto debería ayudar a evitar que las grandes entidades trasladen la carga de información a entidades más pequeñas.

Una de las mayores preocupaciones que están mostrando muchos actores del mundo de la sostenibilidad es que, si esta propuesta acaba aprobándose en los términos propuestos actualmente, nos encontraremos con miles de empresas europeas, que son grandes empresas, y que no estarán obligadas a reportar. Dichas empresas tendrían la opción de reportar voluntariamente apoyándose en la norma simplificada comentada, pero las VSME no están pensadas para grandes empresas sino para Pymes de menos de 250 empleados y, por tanto, nos encontraríamos con una gran cantidad de compañías de entre 250 y 1.000 empleados, que tienen un impacto muy importante en la economía, y que dejarían de aportar muchos datos importantes en términos ESG.

Además, consideramos que el proceso de simplificación está siendo complejo y prolongado, lo cual crea una fuerte incertidumbre a las empresas acerca de cuáles serán los cambios y cuándo se aprobarán y, por tanto, les dificulta la toma de decisiones en materia de sostenibilidad ya que no disponen de unas “reglas del juego” claras y definidas. Esta incertidumbre, en el caso de España, se ve agravada ya que, a fecha de hoy, aún no se ha traspuesto la CSRD y no se tiene certeza de hasta cuando se deberá seguir reportando bajo la Ley 11/2028 (EINF).