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El auditor ante la COVID-19

Valoración de empresas ante la incertidumbre

Isabel Perea Isabel Perea

Ofrecer en estos momentos una fotografía con la valoración razonable de los activos y pasivos de una empresa se antoja difícil. Los estados financieros de una sociedad tienen que expresar, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, así como de sus resultados de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

Sin embargo, este cometido parece actualmente muy complicado por la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria que atravesamos y el retraso de las actividades. ¿Podré cobrar de los clientes como estaba previsto? ¿El banco accederá a renegociar mis préstamos en mejores condiciones? ¿Qué sucederá con los créditos fiscales activados ¿existen dudas sobre su capacidad de recuperación futura? ¿Han sufrido algún tipo de deterioro mis productos almacenados? ¿Y mis inmuebles? ¿Qué impacto tendrá sobre mis ventas este contexto?

Todas estas preguntas tienen ahora una más difícil respuesta y, por lo tanto, dificultan la capacidad de las empresas para realizar esta valoración razonable, algo que se podrá ir concretando los próximos trimestres, a medida que las empresas tengan una mayor visibilidad del impacto de esta crisis.

Las cuentas anuales que se están formulando en la actualidad corresponden principalmente a empresas el cierre contable de las cuales coincide con el año natural, 31 de diciembre de 2019. A todos los efectos, el brote del Covid-19 es un hecho posterior que no requiere ajustar las cuentas anuales, aunque sí informar de los efectos para la entidad si estos fueran materiales en la memoria de las cuentas anuales.

Es decir, se requiere explicar muy bien a accionistas y grupos de interés cómo la sociedad gestionará los riesgos de liquidez y el operacional para garantizar su continuidad. Así, es necesario informar con la mayor precisión posible de la capacidad financiera con la cual cuenta la empresa, además de dar detalles del primer impacto de esta crisis y, si es posible, estimar también la evolución de la actividad empresarial para los próximos meses con rigurosidad.

Al margen de las obligaciones formales, llegará el momento de analizar el impacto de la crisis sanitaria en la cuenta de resultados de la empresa, aunque parece difícil que esta valoración pueda llegar en la información del primer trimestre del año. Me inclino a pensar que las sociedades podrán calibrar mejor los impactos a partir del segundo y tercer trimestre, cuando ya dispongan de una visión más clara y espaciada de las consecuencias del actual contexto económico.

Estas próximas semanas serán fundamentales para disipar incertidumbres que nos ayuden precisamente a esto. La vuelta a la llamada nueva normalidad permitirá a las empresas obtener una información más directa, que les abrirá a una mejor evaluación de su situación presente y futura. Se espera también conocer las medidas prácticas adoptadas por el Gobierno para mitigar los impactos en las empresas, si podrán contar con ayudas públicas sectores duramente castigados, cuáles serán las medidas fiscales adoptadas, las medidas sanitarias a implantar para garantizar la salubridad en los puestos de trabajo, y un largo etcétera de esperadas decisiones para capear este temporal.

En una situación de incertidumbre como el actual es de gran ayuda el papel de un auditor que, recordémoslo, tiene que actuar extremando el ya de por sí elevado rigor profesional. Y no sólo en el caso de aquellas sociedades obligadas a auditar sus cuentas, sino para todo tipo de empresas porque aumenta la confianza de los diferentes agentes que intervienen en el mercado. Una empresa con las cuentas revisadas y aprobadas por un auditor accede con mayor facilidad a proveedores estratégicos, así como a financiación ajena. También consigue aprobar en caso de necesidad y de forma más sencilla un expediente de regulación de ocupación -ERE o ERTE-, puesto que las autoridades laborales facilitan en mayor medida estas soluciones de reestructuración si están avaladas por unos estados convenientemente auditados.