De todas las conductas delictivas que conforman el catálogo de delitos para los que se prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica se contemplan en modalidad dolosa, tan sólo cinco incriminan la conducta negligente. Es decir, la imputación subjetiva constituye un aspecto crucial para el «destino penal» de la persona jurídica.
El hecho de que una empresa, asociación o fundación pueda resultar penalmente condenada va a depender -directamente- de aquello que el juzgado o tribunal infiera acerca del aspecto subjetivo: si el órgano juzgador extrae que hubo dolo en él procederá la condena; en cambio, si deduce que existió imprudencia no se podrá sancionar penalmente a la persona jurídica.
En este Report 6 del Compliance Advisory LAB se abordan los siguientes interrogantes:
¿Cuál es el estado de la cuestión respecto a la imputación subjetiva en el marco de la responsabilidad penal de la persona jurídica?
¿Cuáles son los rasgos definitorios de los dos conceptos que marcan la difusa frontera entre dolo e imprudencia y qué doctrina jurisprudencial aplica el Tribunal Supremo?
¿Qué efectos jurídico-penales puede generar un comportamiento delictivo doloso para la empresa, para el propio contexto corporativo y para otras personas jurídicas?
Por ello, se realiza un análisis de los distintos enfoques que existen en relación con la tipicidad subjetiva en el singular campo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se examina cómo distingue el Tribunal Supremo el dolo eventual de la imprudencia consciente y las implicaciones del dolo para la propia persona jurídica («punibilidad por tentativa») o para otras personas jurídicas («punibilidad por participación»).
El report se estructura en los tres epígrafes siguientes:
A lo largo del texto, se tratan puntos decisivos para la corporación, donde juegan un papel esencial el juicio probabilístico, los sesgos («biases») que inciden en los procesos de toma de decisiones y la gestión del riesgo (risk managment).
Por tanto, resulta de especial interés para Compliance officers, profesionales con responsabilidades en materia de Compliance, abogados, asesores legales, instructores especializados en formación sobre Compliance y analistas de riesgos penales corporativos.
