Sitúe la gestión de la liquidez (cash flow) y las previsiones en el centro de su plan de resiliencia, optimizando su agilidad y ayudándole a reaccionar ante los cambios inesperados.
El RD-Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo regula en el CAPÍTULO I de Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos determinadas medidas aplicables a los arrendamientos urbanos para uso distinto del de vivienda encaminadas a facilitar a los arrendatarios la consecución de una moratoria en el pago de la renta, distinguiendo, al igual que en el RD 11/2020 al regular las medidas relativas al arrendamiento de vivienda, entre los casos en los que el arrendador sea empresa o entidad pública de vivienda o “gran tenedor” y aquellos otros en los que no lo es.
A raíz de la publicación, el pasado 18 de marzo, del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19 y con motivo de la actual coyuntura económica por la presente crisis sanitaria, ha habido una masiva presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (conocidos como ERTEs), de suspensión y/o de reducción de jornada, para todo tipo de compañías.
Hace años que asesoro a empresas que prestan servicios en distintos ámbitos de la cadena portuaria. Una infraestructura como el puerto de Barcelona, funcionando a medio gas, es un hecho insólito, una situación difícil de imaginar, excepto en tiempos de guerra.
Llevamos ya más de cuatro semanas en estado de alarma, con suspensión de la mayoría de las actividades económicas y en confinamiento, como medidas más relevantes impuestas legalmente en España y derivadas de la pandemia producida por la propagación del COVID-19.
Llevamos ya más de cuatro semanas en estado de alarma, con suspensión de la mayoría de las actividades económicas y en confinamiento, como medidas más relevantes impuestas legalmente en España y derivadas de la pandemia producida por la propagación del COVID-19.
Llevamos ya más de cuatro semanas en estado de alarma, con suspensión de la mayoría de las actividades económicas y en confinamiento, como medidas más relevantes impuestas legalmente en España y derivadas de la pandemia producida por la propagación del COVID-19.
La pandemia global del coronavirus ha provocado que un gran número de empresas españolas tomen medidas laborales drásticas ante el parón de la economía y de sus negocios. Para combatir esta emergencia económica global en la que nos encontramos, el Gobierno ha adoptado un marco legal extraordinario en materia Laboral que impacta directamente sobre las compañías y los empleados.
Las situaciones de crisis son un buen termómetro para evaluar el nivel de preparación de una compañía ante los riesgos de carácter legal. La alarma sanitaria y las medidas excepcionales adoptas por el Gobierno pueden incrementar notablemente la exposición de las empresas al incumplimiento de obligaciones contractuales, sanciones administrativas e incluso a la comisión de conductas de carácter penal.
Como continuación al Real Decreto-ley 8/2020 aprobado el 17 de marzo, que fue objeto de nuestra última Newsletter, y con el fin de hacer frente a la crisis del Covid-19, el Gobierno ha aprobado en los últimos días las siguientes medidas adicionales:
La mayoría de las empresas han visto paralizada su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma derivada de la propagación del COVID-19, así como del reciente Real Decreto que ha ordenado el cierre de un extenso listado de actividades consideradas no esenciales. Para dichas empresas, el pago del alquiler del local donde desarrollan su actividad constituye una carga significativa que desequilibra en mayor o menor medida su cuenta de resultados, dado que no generan ingresos o se reducirán de forma significativa.
El RD-Ley 11/2020 de 31 de marzo regula en el CAPÍTULO I de Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, de la Sección 1.ª (Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables) determinadas medidas aplicables a los arrendamientos urbanos y a los créditos hipotecarios. Resumimos a continuación los artículos del citado RD-Ley aplicables en materia de arrendamientos desde una perspectiva jurídica.