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Existe una política de palabras y consignas y otra basada en acciones y decisiones. Dentro de esta última, la Ley de Presupuestos y especialmente las iniciativas tributarias que incluye o que se generan durante su tramitación son determinantes: su trascendencia no sólo reside en su efecto recaudador sino en cómo alteran la percepción de los agentes económicos (sean las familias, las instituciones o las empresas) y con ello, sus decisiones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado Sentencia en el asunto C-300/19, de fecha 11 de noviembre de 2020, por la que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social 3 de Barcelona, en relación con el cómputo de las extinciones en periodos de 90 días a efectos de que los despidos individuales puedan considerarse despido colectivo.

Una vez concluido el periodo de consultas del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), parece inminente la aprobación y aplicación en España de las medidas recogidas en la llamada quinta directiva europea en esta materia

La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que para que pueda operar la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica debe haber existido la previa adopción y ejecución «eficaz» de un compliance program.

Tras el reciente respaldo del Parlamento Británico al Proyecto de Ley del mercado interno de Reino Unido, las probabilidades de que finalice el periodo transitorio sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea son cada vez mayores.

Ha concluido el trámite parlamentario en relación con el Impuesto Sobre Transacciones Financieras (FTT) o “Tasa Tobin”, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19 y la paralización de la actividad económica, se ha generado polémica sobre la posible aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus, como fórmula de reequilibrio de las obligaciones en contratos de larga duración, y especialmente en el contexto de las relaciones arrendaticias.

El pasado 14 de octubre de 2020 se publicó y entró en vigor un nuevo Real Decreto que tiene por objeto el desarrollo reglamentario de los Planes de Igualdad.

El 14 de octubre de 2020 se ha publicado y ha entrado en vigor un nuevo Real Decreto para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que pretende reducir progresivamente las diferencias salariales existentes entre ambos géneros, y que carecen de toda justificación, incorporando, para ello, nuevos mecanismos para evitar situaciones de discriminación derivadas de diferencias retributivas.

Las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia han dibujado un escenario en el que las reuniones, juntas y asambleas de entidades y empresas han tenido que adaptarse para garantizar su funcionamiento.

Es evidente que la crisis derivada de la COVID-19 y sus consecuencias (medidas de suspensión o limitación de actividades económicas, básicamente) han impactado e impactarán notablemente en los contratos privados y, especialmente, en los de M&A (adquisición de empresas).

La cuestión del «traslado» de responsabilidad penal entre empresas ex art. 130.2 del Código Penal tiene una importancia extraordinaria para el contexto corporativo. La inexistencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la exigua casuística que ha llegado a los tribunales y la ausencia de una metodología científica que contribuya a dilucidar cuándo procede el traslado de responsabilidad, son factores que no han contribuido a clarificar este asunto.