Las empresas han de desarrollar políticas sobre el acceso y privacidad de sus dispositivos para evitar problemas en el caso de una investigación digital. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada “Investigación de delito en corporaciones: Forensic y evidencia digital”, que, organizada por Grant Thornton, se celebró recientemente en Málaga. Esta jornada, que tuvo como objetivo debatir sobre la investigación de delitos en entornos corporativos, especialmente en el ámbito digital, contó con la presencia de Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; Alfonso Bravo García, Socio de Forensic de Grant Thornton; Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic de Grant Thornton, y Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, y estuvo moderada por Rafael Aguilera Gordillo, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant Thornton.
Durante la jornada, Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, explicó las causas y señales de alerta de corrupción en organizaciones de los sectores público y privado. De hecho, recordó que la corrupción, en la que los delitos de carácter digital tienen un gran peso, tiene consecuencias negativas para la economía de un país. “Pensamos que la corrupción se da en países del tercer mundo o en países en vías de desarrollo, pero no es así”, advirtió. De hecho, España se encuentra en el puesto 35 de 189 según el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) y seis de cada diez personas declaran una fuerte percepción de corrupción (según el estudio sobre confianza de la sociedad española de la Fundación BBVA).
El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción también insistió en que, como efectos negativos de la corrupción, destacan la desconfianza en las instituciones y las empresas, la disminución de la inversión por culpa de la incertidumbre, la distorsión de la competencia económica por la percepción de que existen empresas favorecidas por conexiones políticas o la fuga de talento empresarial hacia entornos más éticos. De hecho, para combatir esa percepción de la corrupción, recomienda que los gobiernos implementen medidas efectivas, además de promover la transparencia y la integridad de las instituciones, mientras que las empresas han de adoptar prácticas empresariales éticas y participar en iniciativas anticorrupción.
Nota de prensa
Alfonso Bravo García y Cristina Muñoz-Aycuens, Socio y directora de Forensic de Grant Thornton, debatieron sobre la investigación interna corporativa y la evidencia digital como prueba en un proceso judicial, coincidiendo en la importancia de la investigación digital a la hora de esclarecer asuntos que pueden suponer graves consecuencias para las compañías.
Las investigaciones corporativas en el seno de las empresas tienen ya una larga tradición, según Alfonso Bravo García, aunque en los últimos tiempos han experimentado una gran evolución, siendo ahora más sofisticadas en cuanto a las distintas fuentes de información que se usan para recabar pruebas, corporate intelligence aplicado, movimientos financieros, análisis contable para hallar indicios o entrevistas con posibles sospechosos.
Alfonso Bravo García quiso destacar que la investigación interna de la compañía debe tener una determinada metodología y no puede dejarse a la improvisación. Son especialmente relevantes, “ya que por culpa de la actitud irregular de un empleado o un directivo se ha podido menoscabar parte del patrimonio o de los activos de una empresa, o suponer un riesgo considerable para la persona jurídica”, señaló el Socio de Forensic de Grant Thornton.
“Actualmente, entre las fuentes de información de una investigación, la más útil es sin duda la evidencia digital, por las palabras claves y las vinculaciones que van a aportar. El análisis de estas evidencias digitales, junto con el análisis de movimientos bancarios, puede ayudar a la identificación de testaferros, por ejemplo, así como determinar la localización de activos”, destacó Alfonso Bravo García.
En definitiva, para tratar con éxito la evidencia digital, Grant Thornton considera necesaria la especialización, asegurar la custodia de esa información, respetar los derechos fundamentales de las personas que en ese momento están siendo objeto de la investigación, y establecer una metodología de análisis. No podemos olvidar que cualquier información almacenada o transmitida en formato digital que puede ser utilizada en un proceso judicial.
Por su parte, Cristina Muñoz-Aycuens destacó la importancia de que todas empresas tengan bien desarrolladas sus políticas de uso de dispositivos electrónicos y darlas a conocer a los empleados, algo que no está bien implementado en muchas compañías, y que permite evitar problemas en estas situaciones. “Por ejemplo, en una investigación en la que la información puede estar condensada en un determinado correo, puede ocurrir que la empresa no tenga una política que especifique que esos medios son propiedad de la compañía, que esos medios se pueden monitorizar y el nivel de privacidad del empleado sobre esos medios”, advirtió.
Por último, Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado advirtió que el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías se está utilizando también para la comisión de delitos en todos los ámbitos, también en el empresarial.
La Fiscal insistió en que las empresas se han de esforzar en desarrollar políticas adecuadas para el uso, propiedad y acceso a los dispositivos digitales, y también en dar de conocer esas políticas a sus empleados. “Porque el desconocimiento genera la duda, y en cuanto hay duda sobre una prueba, la investigación corre un grave peligro”, recordó. Ana María Martín concluyó destacando que debe existir un equilibrio entre el acceso a esa información y la salvaguardia de los derechos fundamentales, y actuar con cierta proporcionalidad.
Rafael Aguilera Gordillo moderó y presentó el acto como codirector del Compliance Advisory Lab, un laboratorio promovido por el área Forensic de Grant Thornton para analizar y reflexionar sobre las cuestiones ligadas al cumplimiento, prevención y detección de conductas irregulares en las empresas y a la responsabilidad criminal corporativa.
Creado en 2020, el Compliance Advisory Lab presta una especial atención a la actualidad jurisprudencial sobre responsabilidad penal corporativa, servicios de Forensic y programas de prevención de delitos.
