Si bien la crisis en Ucrania tiene muchas aristas, no podemos obviar la absoluta relevancia desde el prisma económico. Así, el “Plan de Respuesta” del Gobierno pretende inyectar 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales, y otros 10.000 millones en créditos ICO, destinados a proteger a los sectores económicos más afectados y preservar al máximo las vías de crecimiento.
Con la inflación disparada, rozando el 10% (la tasa más alta desde 1985) y los precios de la energía y los combustibles en máximos históricos, el Consejo de Ministros ha aprobado este Real Decreto-ley para adoptar, de forma urgente, un paquete de medidas que se extenderá hasta el 30 de junio, si bien la evolución del conflicto y sus efectos secundarios determinarán la necesidad de su ampliación y la adoptación de nuevas medidas.
Este Plan de Respuesta pivota en torno a 5 ejes fundamentales, tal y como ha explicado recientemente la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño:
Desde Grant Thornton, analizamos las principales implicaciones alrededor de cada uno de estos ejes, además de otras variables de especial relevancia que las empresas deben tener en cuenta para asegurar su resiliencia y continuidad de negocio.
Dentro del programa de apoyo al tejido empresarial, el Real Decreto recoge varias medidas destacadas para que las empresas puedan “reducir el golpe” que supone el aumento de sus costes, el creciente problema con la cadena de suministro y la dependencia de una electricidad y unos carburantes que “pesan” mucho en sus cierres contables.
La primera de ellas es la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.
Para Fernando Beltrán, Socio Director de Financial Advisory de Grant Thornton “pese a que estrictamente aún existe liquidez en los mercados financieros, nos encontramos en una situación donde la extrema volatilidad aconseja un análisis especial en operaciones corporativas. Además, en este periodo de incertidumbre está por ver qué decide el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, situación que cada vez se percibe más cercana. La razón para subir los tipos de interés es poder controlar la inflación. Los bancos centrales buscan mantener una estabilidad de los precios, si bien existen ciertos riesgos de ralentizar el crecimiento, ya que la creación de empleo se resiente. Debemos buscar fórmulas para que el encarecimiento del precio de los préstamos no paralice en exceso las operaciones en España”.
Además, el plan contempla ayudas para algunos sectores especialmente golpeados por la deriva belicista en Europa, como la agricultura, la ganadería y el sector pesquero, por valor de más de 430 millones de euros. Estas industrias han visito limitado su margen de producción, el aumento de costes y las dificultades de abastecimiento al mercado por encima de otras industrias.
También se ha aprobado un plan de ayuda especialmente dedicado a sectores industriales de gran consumo por valor de casi 500 millones de euros, con el objetivo de proteger sus capacidades de producción y el empleo.
En el plano laboral, el Gobierno también ha hecho referencia expresa a medidas de flexibilidad para las empresas, relativas principalmente a los ERTEs y los despidos. En este sentido, Aurora Sanz, Socia directora de Laboral de Grant Thornton destaca que “permitir a las empresas acogerse a ERTEs es un claro mecanismo de protección social, que busca preservar el empleo. La crisis supone una necesidad de ajuste en cualquier organización. Ahora bien, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el RDL 6/2022, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos. Ello nos recuerda a lo que ocurrió durante la pandemia por Covid y ya se alzan voces en contra, alegando la libertad de empresa.
Nos enfrentamos, por tanto, a una situación de alta complejidad, ante la que es preferible definir una estrategia clara para hacer a las empresas más resilientes para el futuro”.
El sector del transporte está siendo una de las “puntas de lanza” en esta crisis. Por ello, el Gobierno ha puesto a disposición de este sector un plan de ayudas que supone una inyección de más de 1.000 millones de euros, de los cuales, más de 450 millones serán en ayudas directas (atendiendo a las cuantías de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias).
Mención aparte merece uno de los pilares de este plan de choque, la medida de bonificación de 20 céntimos por litro de combustible de gasóleo, gasolina, gas y adBlue a toda la población (15 céntimos a cargo de la Admon. Pública y un mínimo de 5 céntimos a cargo de las petroleras, si bien algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores).
Según muchos transportistas, esta ayuda no supone una mejora diferencial que permita la reactivación de sus servicios con normalidad, ya que no llegan a cubrir los cuantiosos costes de mantenimiento de sus depósitos de combustible y que su margen de negocio se ha visto seriamente mermado, en ocasiones llegando a “trabajar a pérdidas”.
Además, la medida ya ha entrado en vigor esta misma semana, y existen muchas dudas con respecto a la gestión de estos descuentos, cuándo se bonificarán o si las gasolineras españolas (70% de ellas pertenecen a autónomos y pequeños empresarios) y principales consumidores disponen de liquidez para hacer frente a los adelantos de estos altos importes.
Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 10 años o la del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses, entre otras iniciativas recogidas en el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
La energía es otra de las cuestiones clave en toda esta crisis. Ante el imparable ascenso de los precios del gas y la electricidad, el Gobierno elevará la fiscalidad sobre las ganancias extra de las compañías eléctricas, por la subida del precio de la energía, y se plantea subir también el canon a las hidroeléctricas. Todo ello en un escenario en el que España necesita el gas para producir energía eléctrica, pero según el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los escasos yacimientos de gas en España solo dan para cubrir 0,38% del consumo nacional.
A pesar de que España no es un país con una alta dependencia del gas ruso (como Italia o Alemania) y que, por tanto, el suministro está garantizado, no somos ajenos al problema de fondo: el precio. Esto nos afecta, porque el mercado del gas es internacional. Todo lo que Rusia deje de inyectar a través de sus tuberías al centro de Europa provoca que esos países tengan que comprarlo por barco, entrando por otro sitio.
Aunque en la agenda energética hay proyectos prometedores con respecto a la energía, ahora toma especial relevancia la apuesta por las energías renovables.
Para Alejandro Sánchez, Socio responsable de Business Solutions y Energía de Grant Thornton “el papel de las energías renovables en estos momentos es más relevante que nunca. Ya no solo desde un punto de vista de la sostenibilidad o de su aportación al interés general, sino desde una perspectiva puramente de gestión financiera, operativa y de generación de riqueza. Debemos apostar más por ellas, reducir el peso del gas y potenciar una estrategia de país a largo plazo”.
El Plan de respuesta abre un importante impulso de las renovables, ya que se va a producir una actualización extraordinaria de la retribución a las energías “verdes”, la cogeneración y los residuos. Esto, en términos económicos, permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones”.
En definitiva, el cumplimiento de la agenda energética y una adecuada política es esencial para alcanzar cuanto antes la autonomía energética”.
Si bien el Plan de respuesta tiene una vertiente de ayuda a las empresas, como hemos visto, también contempla una serie de iniciativas destinadas a ayudar a las familias, los trabajadores, los desplazados por el conflicto de Ucrania y los colectivos más vulnerables. Su objetivo es reforzar la estabilidad de precios evitando una espiral inflacionista, así como limitar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles como consecuencia de dicha inflación.
En este sentido, destacan 3 medidas fundamentales para “oxigenar” las economías familiares y las carteras de los españoles, como son:
En cuanto al lado más social del conflicto, las medidas adoptadas también incluyen la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania. Los fondos de este crédito extraordinario cubrirán todos los gastos para la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida.
También se ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad con más de 150 iniciativas esenciales para los próximos 3 años, dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, que supone un claro refuerzo y una respuesta ante el mayor riesgo geopolítico actual.
Según Luis Pastor, Socio Director de Consultoría de Negocio e Innovación de Grant Thornton “gracias a este nuevo Plan y al real decreto-ley de seguridad en las comunicaciones 5G aprobado, establecemos un nuevo marco para la ciberseguridad, que permitirá a España intensificar la cibervigilancia y apuntalar nuestra capacidad estratégica para detectar y dar respuesta en el ciberespacio a los crecientes riesgos digitales. Tanto para la Administración como para la empresa privada resulta esencial reforzar los sistemas de ciberseguridad ante situaciones tan complejas y con un efecto tan intenso como el provocado por la crisis en Ucrania”.
En momentos como el que estamos viviendo, resulta imprescindible promover un mayor nivel de cultura de ciberseguridad, especialmente para impulsarla entre las pymes, micropymes y autónomos”.