La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y leyes mejora su eficacia y aceptabilidad debido a su conocimiento y experiencia de la situación social. La UE y sus Estados miembros tienen como objetivo fortalecer el diálogo social, respetando la diversidad de los sistemas nacionales y promoviendo la autonomía de los actores involucrados.
Cataluña se encuentra ante la necesidad de implementar todos los elementos de la industria 4.0 y profundizar en la industria 5.0, lo que implica una transformación del proceso productivo para la que será necesario el diálogo social y acuerdos entre todos los agentes sociales.
La industrialización de los vehículos descarbonizados y del VE se produce en un entorno en el que actúan diferentes factores:
En el actual contexto y entorno de transformación de la cadena de valor de la industria del automóvil y la movilidad, pensamos que se hace imprescindible reforzar el diálogo social, ampliando el espectro de agentes e interlocutores.
Se propone fortalecer el papel de los interlocutores sociales en la formulación de políticas de la UE y reforzar el diálogo social sectorial a nivel europeo. Esto se lograría mediante la modernización del marco del diálogo social sectorial. También se continuaría apoyando los acuerdos entre los interlocutores sociales, brindando asistencia administrativa y asesoramiento legal. Además, se buscaría fortalecer la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas de la UE y mejorar la efectividad del apoyo técnico y financiero de la UE hacia ellos.
Se propone un modelo de movilidad sostenible que garantice el derecho a la movilidad de todas las personas. Esto se lograría a través de planes de movilidad urbana que integren sistemas de transporte público seguro, cómodo y asequible, así como opciones de transporte privado y colectivo. Se promoverían inversiones en movilidad sostenible para contribuir a la descarbonización de la economía y generar empleo. Además, se impulsaría la innovación y el desarrollo tecnológico de vehículos no contaminantes y se abordarían procesos de transición justa con la coordinación entre administraciones regionales y locales y la colaboración público-privada.
