La falta de acuerdo entre ambas partes que establezca las condiciones para las futuras relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea, tendría un gran impacto en los intercambios comerciales entre ambos territorios, cuyas consecuencias son importantes para las empresas, de cara a planificar su actividad empresarial para el año 2021 y siguientes.
Sin embargo, es esencial que se tomen decisiones acerca del enfoque de las transacciones y la estrategia operativa lo antes posible, a ser posible, antes del cierre del presente ejercicio.
En este sentido, algunas de las principales consecuencias de un “Brexit duro” serían las siguientes:
Los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarían de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a las normas aduaneras y no aduaneras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación comunitaria, incluyendo la posible obligación de contar con una autorización o certificado de autoridades competentes.
Esto implicaría, en el caso de la entrada de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, la liquidación del IVA en el momento de la importación por la aduana, salvo que la empresa optase por el pago del IVA diferido.
Las mercancías que fueran transportadas desde el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) al Reino Unido, serían exportaciones y estarían exentas de IVA.
En este sentido, los intercambios estarían sujetos, entre otros y dependiendo de la actividad de la compañía, a diferentes controles sanitarios, farmacéuticos, fitosanitarios o veterinarios. Asimismo, deberían tenerse en cuenta las normas relativas a la clasificación, la valoración y el origen de las mercancías a efectos arancelarios.
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Por otro lado, los regímenes preferenciales existentes en la Unión Europea dejarían de ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2021 para Reino Unido. Entre ellos cabe destacar:
En principio, existiría una excepción para el caso de Irlanda del Norte, en base a la cual las mercancías suministradas desde y hacia ese territorio, serían consideradas como un comercio intracomunitario a efectos de IVA.
En el caso de las prestaciones de servicios, la principal consecuencia sería en relación con la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70.Dos de la Ley de IVA, en virtud de la cual incluiría los siguientes servicios, entre otros:
Estarían sujetos a IVA español cuando su utilización o explotación efectiva se encuentre localizada en España.
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En el caso de una salida de Reino Unido sin acuerdo, los empresarios establecidos en el Reino Unido que apliquen el régimen de Mini One-Stop Shop (MOSS) para las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos a particulares residentes en la Unión Europea, deberían cambiar su identificación MOSS y registrarse en un Estado miembro en el régimen de no establecidos en la Unión.
Desde una perspectiva de facturación, los requisitos para la emisión de facturas entre empresas del Reino Unido y consumidores de la Unión Europea, también se vería afectada por el Brexit.
Los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares, deberían nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art. 164.Uno.7º LIVA).
Los empresarios establecidos en el Reino Unido que adquieran mercancías y servicios en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares), y deseen solicitar la devolución del IVA soportado en España, ya no podrían presentar su solicitud de conformidad con la Directiva 2008/9/CE del Consejo, y tendrían que hacerlo con arreglo a la Directiva 86/560/CEE del Consejo.
Sería necesario que el solicitante nombre un representante residente en el territorio de aplicación del IVA español, y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido respecto a las empresas españolas.
Si bien, en principio, los impuestos directos son competencia de los Estados miembros, el Reino Unido se vería afectado por la no aplicación de la Directiva Matriz Filial y la Directiva de Intereses y cánones, y por lo tanto, dichas rentas dejarían de estar exentas y estarían sujetas a retención en cualquiera de los dos países, según convenio de doble imposición firmado entre España y Reino Unido, o bien aplicaría cada normativa interna si está fuera más beneficiosa.
Téngase en cuenta que la no aplicación de directivas “fiscales” afectaría también a medidas y regímenes que regulan la reorganización de empresas, inversiones, etc.
En este sentido, los tipos de retención aplicables, en base al convenio de doble imposición entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pasarían a ser los siguientes:
Se consideran deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras de Planes y Fondos de Pensiones previstas en la Directiva 2003/41/CE a fondos de pensiones de empleo autorizados o registrados en otro Estado miembro, siempre que se cumplan determinados requisitos (artículo 14.2 LIS).
A partir de 1 de enero de 2021 habrá que tener en cuenta que la realización de contribuciones a fondos de pensiones de empleo del Reino Unido no se consideraría gasto deducible.
El artículo 35 de la LIS establece una deducción en la cuota íntegra por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, para cuyo cálculo debe tenerse en cuenta el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los edificios y terrenos. La letra b del apartado 1 señala que los gastos de investigación y desarrollo que se integran en la base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas, o cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo. Recogiéndose igual redacción en el apartado 2.b para los gastos de innovación tecnológica.
Por lo tanto, a partir de 1 de enero de 2021 los gastos asumidos por las diferentes entidades españolas contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades, como consecuencia de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en el Reino Unido, no computarían para el cálculo de la base de deducción por la realización de este tipo de actividades.
En virtud de todo lo anterior, y ante el nuevo escenario que se presenta en relación con las operaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea, consideramos recomendable que las compañías lleven a cabo entre otras, las siguientes actuaciones:
Sería interesante en este revisar la pasada, actual y futura política de operaciones vinculadas y precios de transferencia a fin de que tenga consistencia jurídico-fiscal cualquier cambio a realizar.
