Es probable que la geopolítica continúe dominando las previsiones durante los próximos meses. Las instituciones bancarias han tenido que ajustarse rápidamente a los cambiantes sistemas de sanciones. También han tenido que desarrollar su entendimiento de los riesgos de segundo orden que pueden afectar a sus activos y clientes, así como las consecuencias financieras a largo plazo del conflicto que pueden afectar igualmente tanto al crecimiento de la cartera como a la recuperabilidad de los créditos existentes.
Asimismo, el conflicto ha tenido repercusiones directas en la actividad de las entidades, derivadas de las restricciones impuestas por las autoridades regulatorias al movimiento de los capitales de algunos ciudadanos y corporaciones. Las entidades han invertido una gran cantidad de recursos en los últimos años derivados de los requerimientos regulatorios en el conocimiento del "beneficiario final" de los bienes y otros activos colaterales, que ahora nuevamente tienen que poner a prueba en un entorno con unas altas presiones regulatorias. Los bancos que no dominen esta área pueden enfrentarse a sanciones económicas, así como reputacionales y, sobre todo, al dilema moral de su posible papel en este conflicto.
Uno de los efectos inmediatos de la incertidumbre es el impacto en los precios de la energía y la creciente perspectiva de inflación material, así como las consecuencias que puede tener en la capacidad de pago de los clientes. Los principales motores de la inflación antes de que comenzara el conflicto -los precios de la energía y los problemas de la cadena de suministro- tienen ahora más probabilidades de amplificarse y cada vez son más productos de la cesta de la compra, los que se unen a esta escalada inflacionista.
Una de las enseñanzas de la situación derivada del COVID-19, es que una de las formas más eficaces para atajar el impacto en la capacidad de pago de los clientes, es la rápida actuación coordinada tanto de los supervisores como de las propias entidades bancarias. Esta actuación en la pandemia permitió que los bancos sufrieran unos impactos menores a los esperados en términos de ingresos y morosidad, si bien ante esta nueva situación de incertidumbre puede que la situación sea distinta. Las perspectivas son menos favorables debido a la gran incertidumbre actual, así como el temor a que esta situación permanezca por un largo periodo de tiempo, lo que genera una mayor dificultad en la respuesta efectiva y coordinada. A este respecto, algunos reguladores y entidades han empezado a anticipar un incremento de la morosidad en España, hasta el 5%-6%. Estos niveles, si bien parecen razonablemente moderados en relación con escenarios de crisis anteriores o algunas estimaciones al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ponen de manifiesto la importancia de un adecuado seguimiento y el refuerzo de las medidas de alertas anticipadas del deterioro de la calidad crediticia por parte de las entidades bancarias.
En definitiva, ante un escenario de contracción del nivel de vida, podría producirse un aumento de las provisiones para créditos, lo que implicaría una mayor volatilidad en los beneficios de las entidades.
La inflación sostenida está fuera de la memoria de la mayoría de las empresas y tanto éstas como los bancos deben evaluar cuidadosamente su impacto comercial. Así, en mayo la inflación se ha situado en España el 8,7% interanual, avanzando un 0,8% respecto a abril impulsado por la subida de precios de los carburantes y de la cesta de la compra. En respuesta a las presiones inflacionistas, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, como era de esperar: En Estados Unidos, la Reserva Federal ha subido en mayo los tipos de interés un 0,5%, la mayor subida en más de 20 años, y apuntan a nuevas subidas similares en las próximas reuniones. En Europa, el Banco Central Europeo ha intensificado los mensajes sobre su hoja de ruta para luchar contra la inflación, y acaba de anunciar una primera subida tipos de interés del 0,50% para julio.
Aunque el margen de interés neto (NIM) de los bancos aumenta cuando los tipos son más altos, esto puede verse compensado por las repercusiones financieras adversas, principalmente por el deterioro de la calidad de los créditos, que podría conllevar un mayor coste del riesgo de crédito. El aumento de los tipos y de los costes del crédito también ha suscitado el debate sobre un recorte del nivel de vida, que afectará tanto a los particulares como a las empresas. Ambos podrían tener dificultades para gestionar los nuevos costes y, en consecuencia, podríamos ver aumentar la morosidad y los impagos.
Los requerimientos de capital impuestos por los reguladores, junto con un entorno de tipos negativos o muy ajustados, han provocado que la búsqueda por parte de las entidades de una mayor eficiencia en la gestión de los gastos. Esta búsqueda de la reducción de la ineficiencia, es un reto para las entidades y conlleva riesgos que pueden afectar tanto a su operatividad como a su reputación. Al respecto, en estos procesos pueden producirse enfoques muy agresivos y rápidos, o por el contrario más acotados y no suficientemente desarrollados que podrían tener un impacto significativo en los modelos operativos.
En los últimos años hemos visto objetivos explícitos de reducción de costes. Mientras esa agenda sigue en marcha, prevemos una mayor atención a la "relación calidad-precio" y a "hacerlo bien a la primera". Sin embargo, los costes derivados de la recuperación siguen siendo considerables y, en nuestra opinión, para la mayoría de los grandes bancos debe reforzarse el seguimiento y la medición de la eficacia de las medidas de los programas de eficiencia en el gasto, evitando la implementación de medidas que generen ineficiencias a largo plazo o que puedan suponer la generación de nuevos riesgos operativos.
El fraude en los pagos va en aumento: los delincuentes están desarrollando nuevas formas de captar y obtener dinero de sus víctimas, y el fraude en los pagos push autorizados (APP) supera ya el fraude en los pagos con tarjeta. También están aumentando las estafas relacionadas con la compra de bienes y servicios que nunca se entregan o nunca se materializan. En este sentido, la ciberseguridad es una prioridad de las entidades ante ataques y amenazas cada vez más sofisticados, así como el incremento del uso intensivo de la tecnología por parte de los clientes, que se ha visto acelerado como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Las normas técnicas reglamentarias de la Unión Europea sobre autenticación fuerte de clientes (SCA) y la confirmación del beneficiario (CoP) han tratado de asegurar los fondos de los clientes y reducir las pérdidas por fraude. Sin embargo, estas medidas y cambios conllevan auténticos retos de aplicación.
En 2021 se impusieron varias multas de gran repercusión relacionadas con la delincuencia financiera, que sigue siendo un foco de atención activo para el regulador. Siguen saliendo a la luz los fallos cometidos por los bancos en el pasado y la mayoría de las instituciones financieras tendrán que seguir invirtiendo en este aspecto para seguir el ritmo de las expectativas reguladoras. Con los recientes acontecimientos geopolíticos y el uso de sanciones, es poco probable que el regulador nacional y europeo quite el pie del acelerador en este aspecto.
Los reguladores ejercen cada vez más presión para que la información que les llega sea fiable y precisa. El refuerzo de la información reglamentaria es un tema constante, y las empresas tienen que estar al día con los requisitos de información y garantizar que sus procesos sean realmente adecuados. En este sentido, la importancia de la información y el reporting fiable de las entidades a los reguladores, es un aspecto clave a la hora de evaluar las posibles soluciones en entornos de incertidumbre como el actual.
El aprovechamiento de los datos y el análisis para apoyar la presentación de informes es un elemento común, y las organizaciones deberían considerar esto como una oportunidad para transformar sus equipos de información reglamentaria, de riesgos y de finanzas, buscando eficiencias en la gestión de la información a través de los sistemas y aplicaciones informáticos. Los reguladores han señalado su deseo de estar más orientados a los datos, y el sector tendrá que contribuir a ello.
El tradicional margen de interés neto (NIM) puede dejar de ser la mayor fuente de ingresos en la banca. Cada vez más, el valor se ve en los elementos de la banca que están en contacto con el cliente, mientras que otros puntos son cada vez menos importantes. En resumen, el valor reside en tener el control de los clientes que acuden al banco.
Los bancos ganan más dinero teniendo buenas relaciones con los clientes. Por tanto, la eliminación de la intermediación es un riesgo importante que está empezando a materializarse y que los bancos deben tener en cuenta. Otras empresas no bancarias también están empezando a ofrecer servicios en este espacio, lo que podría invadir la cuota de mercado de los bancos, teniendo en cuenta que estas empresas cuentan con menores costes regulatorios en muchos casos, que les permiten generar mayor competitividad en los precios. Por otro lado, la importancia de las normas y requerimientos de transparencia a los bancos supone adicionalmente un reto en la generación de ingresos adicionales, teniendo en cuenta el entorno de una mayor litigiosidad de los clientes derivado de las últimas crisis económicas. Sin lugar a duda, este es un aspecto en el que se han producido grandes avances por las entidades, pero que deben seguir reforzando ante la búsqueda de ingresos para compensar los posibles impactos de la situación macroeconómica.
Los bancos tendrán que descarbonizar sus carteras de préstamos (emisiones de carbono de alcance 3), además de tomar medidas para ser más sostenibles internamente (emisiones de alcance 1 y 2). Se está prestando atención a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), pero estamos viendo que empiezan a surgir matices en torno a otros temas más allá del cambio climático. Entre ellos están la biodiversidad, la diversidad y la inclusión, y la sostenibilidad en sentido amplio.
Los aspectos sociales (S) y de gobernanza (G) siguen siendo apareciendo en segundo lugar tras el apartado de clima y medio ambiente (E), pero están creciendo. Por ejemplo, cada vez, existen mayores requerimientos a los bancos para que cambien sus hábitos de préstamo y traten de calibrar el grado de ética de sus inversiones y servicios.
Cada vez se hace más hincapié en la recogida y mejora de datos en los servicios financieros. Tener acceso a esta información puede apoyar las decisiones internas y externas de los bancos. Permite a las empresas justificar mejor su dirección y puede respaldar los requisitos de información de los reguladores.
Los datos subyacentes deben ser sólidos para apoyar el negocio en general y las inversiones en innovación. Los bancos también deben tener en cuenta quién es el propietario de los datos, ya que diferentes equipos pueden tener ideas distintas sobre lo que es y no es la fuente de datos adecuada. Una adecuada gestión de la calidad de los datos, unida a los avances en los modelos de utilización de esos datos, puede permitir a las entidades la generación de múltiples eficiencias, tanto en la gestión de los clientes como en la gestión de riesgos de las entidades. Asimismo, la adecuada protección y seguridad de esta información, como indicábamos anteriormente, debe ser también un principio fundamental en la gestión de los mismos.
El sector bancario y financiero tiene muchas prioridades que compiten entre sí en torno a estos temas clave. Adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias de los stakeholders contribuirá a garantizar la resiliencia futura.
Aunque estar al tanto de todos estos temas puede parecer desalentador, los bancos tienen la oportunidad de transformar los marcos y procesos para que sean más sostenibles, escalables y preparados para el futuro. Una revisión de los parámetros internos ayudará a decidir si se ajustan a la estrategia y los objetivos comerciales actuales y futuros.
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